Disolución con justificación ("ESPECIAL")

A través del diario español El País y recogida acá por varios medios de comunicación, el escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, emitió su opinión sobre los últimos sucesos políticos en el Perú.

Los acontecimientos relacionados al Congreso opositor con mayoría fujimorista y cómo el 30 de septiembre pasado ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018 “estiró como plastilina” la Constitución de 1993 para forzar la disolución de la Cámara y convocar una elección parlamentaria para enero del próximo año. Para Don Mario, no hubo ningún golpe de estado (no tiene sentido seguir con el mismo mantra), fue “constitucional” (no aclara bien el por qué), aplaude que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respalden al “aventurero” (¿se olvidó de la no-deliberancia militar y policial?) y considera estuvo “muy bien” la disolución, porque el Congreso elegido libremente en 2016 era un “circo de forajidos y semi-analfabetos”.

La última aseveración es sintomática. Cada vez más políticos, intelectuales y periodistas (la ciudadanía no tiene por qué saber de Derecho) que apoyan la disolución recurren a la justificación política, porque el cuestionamiento jurídico y las dudas sobre violaciones constitucionales persisten. Demostrando que es pusilánime, después del 30, el “aventurero” estuvo tres días “escondido” en el Palacio de Gobierno y en su primer evento público, reitera que él cumplió “estrictamente” con la Constitución (de 1993) y la ley. Ahora anda como un “chulo” presumiendo firmeza. Como mencionó el periodista Mario Ghibellini en su columna sabatina del diario El Comercio, en ese primer evento, el “aventurero” pudo decir que cumplió con la Constitución (de 1993) y la ley, pero lo enfatizó con el adverbio “estrictamente”, lo cual denota temor a la incredulidad.

Sin embargo, como también señaló Ghibellini, cuando el “aventurero” fue entrevistado en un programa político de la televisora América TV la noche anterior al 30 de septiembre, momento cuando amenazó al Congreso con la disolución de la Cámara si le denegaban por segunda vez la cuestión de confianza (la primera fue en 2017 durante el mismo mandato presidencial), dijo que “en muchos casos, la aplicación de la ley no necesariamente te lleva a un resultado satisfactorio” y que, en el contexto de la situación concreta que enfrentaba, “el cumplimiento escrupuloso (de la ley) no es lo recomendable”. El “aventurero” que ocupa la Presidencia de la República sin que nadie votara por él (directamente) ni lo eligiera para nada “despreció” públicamente las normas, pero cinco días después reitera que las cumplió “estrictamente”.

El 05 de abril de 1992 fue un golpe de estado, porque el Congreso fue cerrado (no disuelto), intervenidos el Ministerio Público y el Poder Judicial, desactivados el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales, reorganizados la Contraloría General de la República y el Jurado Nacional de Elecciones, disueltas las asambleas regionales y abrogada la Constitución de 1979. Incluso se impuso censura, se detuvo opositores y se hizo alarde de fuerza con la presencia castrense en las calles. La acción de facto contra la democracia de entonces fue indudable y sólo quedaba justificarla políticamente. Hoy, (aún) bajo la democracia restaurada en 2001, quienes defienden la disolución tienen problemas para vestirla de “formalismo constitucional” y necesitan añadir justificaciones políticas como el “circo de forajidos y semi-analfabetos”.

La justificación política puede servir para ganar el respaldo ciudadano, pero no en una batalla legal en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Veremos qué ocurre.