El noviembre bochinchero ("ESPECIAL")

 

Esta semana de noviembre se cumplen tres años de unos sucesos inéditos en la historia del Perú. Quizá sólo análogos con la rebelón popular de Lima contra el golpe de estado de 1872.

Hace tres años el Congreso, con la legitimidad de la Constitución de 1993, cesó al nefasto gobierno de Martín Vizcarra y, por sucesión constitucional, activó el interinato bajo el gobierno de Manuel Merino. Al principio, hubo protestas de la muchachada tirapiedras “de izquierda”. Sin embargo, con el transcurrir de los días, la perenne cobertura de los grandes medios de comunicación y la influencia de las redes sociales, comenzaron los “cacerolazos” en los distritos mesocráticos de Lima y empezó a armarse un “bochinche” callejero en el Centro Histórico, cuyo punto crítico fue el 14 de noviembre cuando, en violentos enfrentamientos callejeros con la Policía Nacional, murieron dos jóvenes. Al día siguiente, el nuevo Presidente de la República renunció.

El 17 el Congreso instaló el gobierno de Francisco Sagasti. Aunque siguieron las protestas juveniles como en la semana anterior, los “cacerolazos” cesaron y la cobertura mediática desapareció. Después políticos, periodistas, intelectuales o activistas “de izquierda” romantizaron estos sucesos diciendo que fueron para “salvar la democracia”, aludiendo además a la llamada “Generación del Bicentenario”. A tres años del noviembre de 2020, intentemos analizar por qué y para qué ocurrió el “bochinche” que cambió el curso histórico de Perú.

¿“Peligraba” la democracia restaurada en 2001?. La sucesión constitucional del día 10 de noviembre fue tan legítima como aquella ocurrida una semana después. Las elecciones generales para el año siguiente estaban convocadas hacía cinco meses. A su vez, la Constitución de 1993 contempla el interinato con el Presidente del Congreso en el último puesto de la línea sucesoria presidencial obligándole, además, a convocar comicios. Un Gobierno interino no puede quedarse más allá del mandato presidencial a completar. Si no, caería en usurpación.

Si comparamos con el “estallido social” chileno de 2019, donde se oían reclamos por mejores sistemas de educación y salud, mayores pensiones de jubilación o “menor desigualdad”, en Perú no hubo ninguna de esas exigencias entre quienes protestaban del 10 y al 14 de noviembre. Había eslóganes genéricos o imprecisos como “Perú te quiero, por eso te defiendo” o “Se metieron con la generación equivocada”. Quienes fueron activos promotores o partícipes de las protestas aseguraban que, de ninguna manera, eran por aquel “aventurero” que nos desgobernó treinta meses. No obstante, los únicos lemas coherentes de las protestas aludían que el nuevo Presidente de la República y el Congreso “no los representaban”.

¿Todo fue por un “psicópata” que nos mentía como bellaco?. No. Fue por intereses y aspiraciones de esas elites políticas, mediáticas, académicas y activistas que conforman la soberbia y ensimismada “progresía” limeña, que ese momento estaban más empoderadas que nunca y la sucesión constitucional del 10 de noviembre les perjudicaba. Si no podían revertir la destitución presidencial del 09 de noviembre, querían un Gobierno interino con su mismo signo ideológico. El mismo signo ideológico de quienes “a la izquierda” se creen más “demócratas” que nadie.

¡Cómo hinchaban pecho orgullosos, al inicio, quienes habían estado delante y detrás del “bochinche”!. Esta fantasía levantisca duró poco tiempo. Empezó a desvanecerse tras las elecciones generales de 2021 y acabó hechas trizas el 07 de diciembre de 2022 con la caída del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo.

¿Qué queda hoy del “bochinche” de noviembre de 2020?. Mentiras, vergüenza y desilusión.