Los casos
de infectados por la pandemia COVID-19 en el Perú han aumentado.
Ha una
semana del primer caso, vamos veintiocho: pacientes de Lima, Arequipa, Cusco, Ica
y Huánuco. Provenientes de Europa o infectados por ellos. Uno en Lima está
hospitalizado.
Para
parecer que, ahora sí, hace algo frente al COVID-19, el Gobierno nacional de
ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión
constitucional de 2018 anunció más medidas: un decreto de urgencia transfiriendo
dinero al sector Salud por 100 millones de soles (en 2010, frente a la epidemia
AH1N1, el gobierno de Alan García destinó 140 millones de soles), reiterando
que el Ministerio de Salud “planifica, dicta, dirige, coordina, supervisa y evalúa
todas las acciones orientadas a la prevención, protección y control” del
COVID-19. Se autoriza al Ministerio de Educación comprar “kits de higiene” para colegios estatales y al Ministerio de Salud,
ESSALUD y gobiernos regionales prestar servicios adicionales al sistema de
salud para atención inmediata o continua de la población afectada.
Otra
medida: un decreto supremo declarando en “emergencia sanitaria” al país por 90
días, autorizando al Ministerio de Salud a aprobar un “plan de acción” (¿no
tenía ninguno?), exigiendo que las administraciones de puertos y aeropuertos
adopten las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del
COVID-19 (¿qué y cómo lo harían?), exigiendo a todos los visitantes del
territorio nacional presentar obligatoriamente la Declaración Jurada de Salud
del Viajero para prevenir el COVID-19 (¿cómo puede saber un viajero o una
viajera si se contagió?). Además, “obliga” a todo arribado de España, Francia,
Italia y China sujetarse a “aislamiento domiciliario” por 14 días (¿para qué la
declaración jurada?), una exigencia no regulada por ley, dependiendo de la
buena voluntad de la gente. Asimismo, indica que aislados con síntomas de
infección respiratoria deben comunicarse con la autoridad sanitaria
correspondiente. Por desgracia, mucho idiota llama a la Línea 113 del
Ministerio de Salud para “bromear”.
Este
anuncio fue el más resonante: el decreto supremo posterga el inicio de clases
en colegios estatales (¿para qué los “kits”?)
hasta el 30 de marzo. Los colegios privados que habían empezado clases deben
paralizar labores. Aparte, las empresas de transporte público deben adoptar
medidas necesarias contra el COVID-19 (¿cuáles?), gobiernos locales evaluarían
la conveniencia de la realización de actividades o eventos públicos para evitar
contagio (¿qué criterios usarían?), los establecimientos comerciales y mercados
de abastos “deben” prevenir la propagación de la pandemia (¿cómo?), así como
facilitar (no quiere decir “gratis”) acceso a baños públicos. Por último, los
centros laborales “deben” (otra vez ese verbo) adoptar medidas de prevención y
control sanitario para evitar la propagación del COVID-19 y los gobiernos
regionales y locales y la sociedad civil y la ciudadanía deben coadyuvar en la
implementación del decreto. Cómo lo hagan, no será asunto del Gobierno
nacional.
Bravo. La politóloga
María Alejandra Campos cree que la popularidad del “aventurero” se “disparará”
con sus anuncios. ¡He ahí el problema!. Son sólo “anuncios”: pura acción
reactiva, pura improvisación. No hay ni nunca hubo un plan con inventario
detallado de recursos disponibles, enumeración de requerimientos, prospección
de escenarios de la epidemia ni transparencia en la información. Ante el
aumento de diecisiete a veintidós casos en un solo día, el “aventurero” anunció
la suspensión de clases en universidades e institutos superiores, la prohibición
de concentraciones masivas y suspensión por 30 días de vuelos comerciales
provenientes de Europa y Asia.
Cuando
venzamos al COVID-19 no será gracias al “aventurero” y su Gobierno “anuncio”.

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