Suspiro constituyente

 

Nuevamente, la izquierda radical ha regresado con su clásica cantinela: nueva Constitución.

Entusiasmados por el futuro proceso constituyente en Chile y aprovechando la convulsión política causada aquí por la destitución de ese “truhan” que nos desgobernó durante treinta meses en el Congreso, el “rojerío” ha proclamado (otra vez) que la Constitución de 1993 “no da para más” y merecemos una nueva Constitución, la “del Bicentenario”. Hasta propuso un ánfora más el día de las elecciones generales del próximo para consultar al electorado si quisiera o no un proceso constituyente. La propuesta tuvo poquísimo eco en el Congreso, los medios de comunicación y los partidos políticos. Hasta el Presidente de la República la rechazó.

La izquierda radical continuará en sus trece. Sin embargo, ¿cuál es el problema real con la Constitución de 1993?. Dejando de lado las anteojeras ideológicas, hasta el día de hoy el texto está asociado a la dictadura de Alberto Fujimori. No existiría la Constitución de 1993 sin el golpe de estado del 05 de abril de 1992 y la abrogación de la Constitución de 1979. Aunque la firma del dictador fue retirada en 2002, todavía existen muchas personas (no es la mayoría de la ciudadanía) que sienten ese texto como una “imposición”. En realidad, las tropelías, la prepotencia y el maximalismo en el Congreso Constituyente Democrático (CCD) y el viciado Referéndum de 1993 (quienes vivimos esos años lo recordamos) son muestra de la “imposición”.

No obstante, con la Constitución de 1993 el Perú hizo la transición a la democracia, hemos tenido sucesivos comicios libres y se instalaron los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczysnki. También posibilitó los gobiernos de Martín Vizcarra y Manuel Merino (¡sí!) y el interinato bajo el actual Gobierno. Ministros, congresistas, presidentes regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores desde 2001 se someten a ese texto. Además, fiscales y jueces administran justicia bajo la Constitución de 1993. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han jurado defenderla.

¿Cuál es el problema?. Exceptuando el “título económico” (basado en lecciones aprendidas de las décadas de 1970 y 1980) y algunas innovaciones (referéndum, revocatoria del mandato, iniciativa legislativa ciudadana, etc.), la Constitución de 1993 es malísima. Sus límites, defectos y vacíos se han evidenciado en los últimos cuatro años. Requiere reformas, aunque no hay consenso entre políticos, académicos, empresarios, sindicalistas o sociedad civil respecto a qué reformar. Cuando hubo consenso (el llamado “momento constituyente”), en 2001 y 2002, las reformas constitucionales propuestas naufragaron.

He allí la diferencia con Chile, donde impera una lógica refundacionista en sus dirigencias. En el Perú existe una lógica reformista: reformar “ágil y rápidamente” la Constitución de 1993. Una tarea para el Gobierno y el Congreso surgidos libremente de las ánforas.

Al final, las pretensiones de la izquierda radical quedan en un “suspiro constituyente”.