Tras un Mensaje a la
Nación plagado de logros pobres, promesas demagógicas y datos discutibles, el
Presidente de la República anunció que propondrá una reforma constitucional
para adelantar un año las elecciones generales de 2021.
Su
Excelencia insinuó que no puede gobernar más con el Congreso. Sin embargo, no
renuncia y prefiere hacer “saltar por los aires” la estabilidad política. Tal
vez parte significativa de la ciudadanía esté de acuerdo con la iniciativa,
junto con políticos oportunistas y, por supuesto, los “rojos” y “rojimios”
pretendiendo “pescar a río revuelto”. Quizá el Presidente de la República sabe
que la mayoría en el Congreso la rechazará, pero él subirá su aprobación en las
encuestas de opinión, a cambio de sumir al Perú en la incertidumbre.
Con
la democracia restaurada en 2001, aunque precaria, la estabilidad política ha
sido constante. “Estabilidad a la peruana” (por asentarse sobre el modelo
económico heredado de la década de 1990), decía el politólogo Carlos Meléndez.
Bajo esa relativa estabilidad vivieron los gobiernos de Valentín Paniagua,
Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Esto comenzó a cambiar con el
gobierno de Pedro Pablo Kucyznski.
En
2016 Kuczysnki venció electoralmente a doña Keiko F., ex congresista, hija
mayor del ex dictador Alberto Fujimori y lideresa del fujimorismo. Por segunda
vez Doña Keiko no llegaba al poder, pero el fujimorismo había obtenido mayoría
absoluta en el Congreso. A diferencia del pasado, el gobierno de Kuczysnki
empezaba políticamente débil. Era el momento para un “acuerdo” del fujimorismo
con el oficialismo. No se trataba de “cogobernar” sino de dejar al Gobierno nacional
aplicar sus políticas (especialmente, en economía), con las cuales el
fujimorismo coincidía en gran medida. Kucyznski se iba a desgastar en el poder,
pero siendo “leal oposición” el fujimorismo hubiese comenzado a “ganar
confianza” entre quienes, sin ser anti-fujimoristas, no votaron a Doña Keiko.
No
fue así. Oyendo voces de ambiciosos, recalcitrantes y sinvergüenzas, con
agendas propias, Doña Keiko no se comportó como “estadista” sino como “niña
caprichosa” de la política. Se propuso “castigar” a Kuczysnki y “vengarse” de
quienes le apoyaron. La bancada fue su instrumento. El fujimorismo mostró
músculo -no cerebro- con la censura al ministro de Educación, Jaime Saavedra,
en el Congreso y desde ese instante no paró. Si otorgaba facultades
legislativas, después derogaba los decretos legislativos. Si había proyectos de
ley del Gobierno nacional, no los debatía rápidamente. Los ministros también
sufrieron el desquite fujimorista. Por supuesto, Kucyznski contribuyó con sus
vacilaciones y pésimas decisiones. Su indulto a Fujimori en 2017 profundizó el
enfrentamiento interno entre Doña Keiko y su hermano menor Kenji por el
liderazgo fujimorista y la enfureció con Kuczysnki, al contrario de lo que, por
ejemplo, el periodista Juan Paredes Castro o el abogado Ángel Delgado,
aseguraban pasaría.
Ya
Doña Keiko se propuso sacar a Kucyznski, quien estuvo dispuesto a complacerla
en lo que sea para que ella y su bancada lo dejaran gobernar en paz. Muy tarde.
Un primer intento de destitución presidencial en el Congreso falló. El Gobierno
nacional se defendía. Para entonces había tratos políticos con el sucesor
constitucional para que éste asumiera. A pesar de haber sido cercano al entorno
palaciego, la ambición del poder se impuso en él. La felonía no era buena señal,
pero Doña Keiko la obvió. Confió en él, sin percibir que sería un “aventurero”.
Hoy está arrepentida. Forzado, Kuczysnki renunció en 2018 y la historia
restante es conocida.
Por
desgracia, ahora peruanos y peruanas pagamos las consecuencias. Que Dios nos
proteja y bendiga al Perú.

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