A diez años del “Baguazo” ("ESPECIAL")

Ya se cumplieron 10 años de los trágicos sucesos de Bagua.

En 2008 el gobierno de Alan García, en el marco de facultades legislativas otorgadas por el Congreso para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, promulgó un gran paquete de decretos legislativos. Tres decretos causaron polémica: la nueva Ley Forestal y de Fauna, que promovía la inversión privada en forestación, re-forestación y agro-forestación; dos modificaciones a la legislación sobre comunidades campesinas y nativas, unificando criterios de votación en asambleas comunales y fomentando la explotación agropecuaria en tierras comunales.

La Defensoría del Pueblo dijo que los dos últimos decretos legislativos contravenían la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la “consulta previa” a pueblos indígenas. Sin embargo, el bochinche empezó por Alberto Pizango, presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quien declaró a su organización en “insurgencia” y exigía derogar todos los decretos y el mismo tratado. Al final, el Congreso derogó ambos decretos legislativos, pero Pizango y su AIDESEP siguieron haciendo “bulla”, como dijo el entonces ministro del Ambiente, Antonio Brack.

No debió, pero el Poder Ejecutivo instaló una “mesa de diálogo” con nativos amazónicos. Pizango exigió participar, a pesar que su AIDESEP no era representativa. Se paseó por televisoras y radioemisoras en Lima buscando apoyo de “rojos” y “rojimios” con influencia mediática. Al mismo tiempo, cuando otros periodistas o reporteros le preguntaban cuáles artículos del decreto eran lesivos a los nativos, sólo repetía “¡Derogatoria!”. Finalmente, Pizango llamó al “paro indígena” a inicios de 2009. Para entonces la izquierda radical lo apoyaba. Una red de radioemisoras locales (algunas “piratas”) “rojazas” azuzaban a los nativos contra el Poder Ejecutivo. Incluso una actriz estadounidense de ascendencia peruano-suiza llamada Q'orianka Kilcher vino al Perú para respaldar mediáticamente a Pizango, aunque no hablaba nada de español.

El Congreso votó la suspensión del decreto legislativo, pero ya era tarde: dos mil nativos habían bloqueado la carretera Fernando Belaunde, a la entrada de la ciudad de Bagua. El Ministerio del Interior ordenó despejar la vía y restablecer el orden. Ante el contingente de la Policía Nacional y los disparos de bombas lacrimógenas y perdigones en la zona “Curva del Diablo”, los nativos reaccionaron violentamente. Fotógrafos y camarógrafos captaron escenas de salvajismo. Especialmente, policías asesinados con hondas y lanzas. La fotografía del mayor Felipe Bazán “secuestrado” por nativos fue el último testimonio de este policía desaparecido. No obstante, su padre y la esposa culparon al alto mando policial.

Otro contingente policial fue enviado a liberar la Estación 6 del Oleoducto Norperuano tomada por un centenar de nativos. Estos indígenas desarmaron, secuestraron y después degollaron a los policías. Tanto el Poder Ejecutivo como la “Comisión Lombardi” del Congreso indicaron que hubo alrededor de una trentena de muertos: la gran mayoría, policías. Sin embargo, la televisora británica BBC “infló” la cifra de pocos nativos muertos hasta superar a los policías fallecidos. De inmediato, “rojos” y “rojimios” se agarraron de esa falsedad.

El decreto fue derogado por el Congreso. Pizango fugó a Nicaragua, pero después volvió caído en desgracia. El Ministerio Público y el Poder Judicial procesaron a los nativos inculpados. En 2016 los indígenas acusados por las muertes en la “Curva del Diablo” (incluido Pizango) fueron absueltos. El siniestro rol del “rojimio” Instituto de Defensa Legal fue crucial. Falta el juicio por las muertes en la Estación 6. La justicia tarda.