Verano político

Breve recuento y opinión de algunos acontecimientos políticos a mitad del verano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, a quienes el Congreso quería acusar constitucionalmente por haber “aclarado” una sentencia de 2013 que quitó la condición de “crimen de lesa humanidad” a la matanza de El Frontón en 1986 restableciéndola. Aunque los juicios penales a oficiales retirados de la Marina de Guerra involucrados no pararon, el fujimorismo, el APRA y otros partidos políticos creen que esos magistrados “prevaricaron”, pero las sanciones eran diferenciadas.

La Corte ordenó al Perú “archivar” los procesos. En el Congreso la noticia no cayó bien y el Presidente de la Cámara exigió al Presidente de la República “defender la soberanía”, a pesar que los estados no pueden firmar tratados internacionales o acuerdos comerciales y después alegar “soberanía” para incumplirlos. El Congreso quiere una “aclaración”, pero la Corte ha dado plazo hasta mayo para que le informen sobre el cumplimiento. Me disgustan los últimos fallos de la Corte (una sentencia reciente sobre el “matrimonio igualitario” ha influido electoralmente en Costa Rica), pero se deben cumplir.

De otro lado, la Ministra de Economía y Finanzas presentó el proyecto de ley para reemplazar el decreto de urgencia promulgado en 2017 tras el “escándalo Odebrecht” para evitar que empresas constructoras señaladas de corrupción vendieran activos, transfirieran dividendos, concluyeran operaciones, no se les pudieran exigir indemnizaciones ni cobrarles reparación civil y se paralizara el sector construcción. El decreto tuvo efectos mixtos y una reforma impulsada por el fujimorismo en el Congreso no prosperó. La iniciativa corrige defectos: crea fideicomisos para la retención de dividendos, permite la “colaboración eficaz” para empresas (más allá de la trama “Lava Jato”), etc. Economistas y empresarios creen que impulsaría la reactivación económica. La Contraloría General de la República lo avala.

Sin embargo, el fujimorismo no está convencido. No quiso que la Comisión Permanente lo vote. Puso un sinnúmero de reparos. Simplemente, los fujimoristas no quieren el proyecto de ley y se escudaron tras la congresista independiente Yenny Vilcatoma, ignorante en economía y quien ve corrupción donde sea. Al final, el Gobierno nacional ha prorrogado (irregularmente) el decreto por sesenta días más hasta la decisión del Congreso.

Por último, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, ha sido “des-invitado” a la VIII Cumbre de las Americas que se realizará acá en abril. Estaba invitado, pero Maduro decidió convocar comicios presidenciales rechazados por los Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de América Latina, porque no serán libres. Aunque la dictadura comunista de Cuba está invitada, hoy la dictadura venezolana asquea más al mundo por las conocidas causas políticas, económicas y sociales. Maduro dijo que vendrá de todos modos, pero aquí sólo lo recibirían sus lacayos de la izquierda radical.

Hasta marzo. ¡Feliz verano!.