Breve recuento y opinión de
algunos acontecimientos políticos a mitad del verano.
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos falló a favor de cuatro magistrados del Tribunal
Constitucional, a quienes el Congreso quería acusar constitucionalmente por
haber “aclarado” una sentencia de 2013 que quitó la condición de “crimen de
lesa humanidad” a la matanza de El Frontón en 1986 restableciéndola. Aunque los
juicios penales a oficiales retirados de la Marina de Guerra involucrados no pararon,
el fujimorismo, el APRA y otros partidos políticos creen que esos magistrados “prevaricaron”,
pero las sanciones eran diferenciadas.
La Corte ordenó al Perú “archivar”
los procesos. En el Congreso la noticia no cayó bien y el Presidente de la
Cámara exigió al Presidente de la República “defender la soberanía”, a pesar
que los estados no pueden firmar tratados internacionales o acuerdos
comerciales y después alegar “soberanía” para incumplirlos. El Congreso quiere
una “aclaración”, pero la Corte ha dado plazo hasta mayo para que le informen
sobre el cumplimiento. Me disgustan los últimos fallos de la Corte (una
sentencia reciente sobre el “matrimonio igualitario” ha influido electoralmente
en Costa Rica), pero se deben cumplir.
De otro lado, la Ministra de
Economía y Finanzas presentó el proyecto de ley para reemplazar el decreto de
urgencia promulgado en 2017 tras el “escándalo Odebrecht” para evitar que empresas
constructoras señaladas de corrupción vendieran activos, transfirieran
dividendos, concluyeran operaciones, no se les pudieran exigir indemnizaciones
ni cobrarles reparación civil y se paralizara el sector construcción. El
decreto tuvo efectos mixtos y una reforma impulsada por el fujimorismo en el
Congreso no prosperó. La iniciativa corrige defectos: crea fideicomisos para la
retención de dividendos, permite la “colaboración eficaz” para empresas (más
allá de la trama “Lava Jato”), etc. Economistas y empresarios creen que
impulsaría la reactivación económica. La Contraloría General de la República lo
avala.
Sin embargo, el fujimorismo no
está convencido. No quiso que la Comisión Permanente lo vote. Puso un sinnúmero
de reparos. Simplemente, los fujimoristas no quieren el proyecto de ley y se
escudaron tras la congresista independiente Yenny Vilcatoma, ignorante en
economía y quien ve corrupción donde sea. Al final, el Gobierno nacional ha
prorrogado (irregularmente) el decreto por sesenta días más hasta la decisión
del Congreso.
Por último, Nicolás Maduro, el dictador
de Venezuela, ha sido “des-invitado” a la VIII Cumbre de las Americas que se
realizará acá en abril. Estaba invitado, pero Maduro decidió convocar comicios
presidenciales rechazados por los Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte
de América Latina, porque no serán libres. Aunque la dictadura comunista de
Cuba está invitada, hoy la dictadura venezolana asquea más al mundo por las conocidas
causas políticas, económicas y sociales. Maduro dijo que vendrá de todos modos,
pero aquí sólo lo recibirían sus lacayos de la izquierda radical.
Hasta marzo. ¡Feliz verano!.
No hay comentarios:
Publicar un comentario