¿El fin de los “conflictos sociales”?

Una noticia ha pasado desapercibida: la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial.

A partir de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, creada en 2012, el nuevo viceministerio tendrá tres secretarías: Descentralización, Gestión Social y Diálogo y Organización Territorial. El Presidente del Consejo de Ministros designó al abogado Javier Fernández-Concha, quien era gerente general de la empresa canadiense Minera Sulliden Shahuindo.

En entrevista al diario El Comercio, Fernández-Concha dijo que el Gobierno nacional dará a un nuevo enfoque hacia los llamados “conflictos sociales”, comenzando por mejorar la gestión pública para atender a tiempo demandas sociales y evitar situaciones de violencia.

Fernández-Concha dijo que el mecanismo alternativo de las “mesas de diálogo” para solucionar conflictos “se ha agotado”, porque manejar diálogo y conflictividad al mismo tiempo es muy difícil en una negociación. Es capitular. Además, aparecen elementos políticos y económicos ajenos a la demanda social original que muchas veces incluyen una agenda ilegítima. También dijo que se trabajará con una evaluación y metodología distintas a las manejadas por la Defensoría del Pueblo. Sólo se catalogaría “conflicto” cuando haya violación del orden jurídico. Así, de los 271 conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo, bajaron a cinco. Habría una fase de “tensión” y otra de “pre-conflicto”. Se buscará solucionar el problema sin una mesa de diálogo.

Adicionalmente, Fernández-Concha dijo algo muy importante: bajo ningún motivo habrá diálogo cuando haya violencia, violaciones al orden jurídico. Principal función del Gobierno nacional es imponer la ley y violentarla debe tener consecuencias, porque todos somos ciudadanos (y ciudadanas) con iguales derechos y deberes. Habría diálogo si no hay violencia y si la hubiese, no se descartaría decretar el Estado de Emergencia.

¿Por qué resalto estas declaraciones?. Desde la restauración de la democracia en 2001, ha habido un círculo vicioso: conflicto violento con intereses políticos y económicos camuflados tras una demanda social. De inmediato, mesa de diálogo, acta de compromiso e impunidad por haber violado la ley. Entonces, surge otro conflicto, con la misma dinámica de nunca acabar.

Jamás creí el cuento de la Defensoría del Pueblo y esos políticos, periodistas e intelectuales “rojos” y “rojimios” sobre los doscientos o trecientos “conflictos sociales” en el país. Según ellos, el Perú es el país más conflictivo del planeta y es un milagro que no nos acuchillemos entre nosotros o no haya degüellos en los árboles. Absurdo.

Diálogo sí, pero nunca para consumar la violación a la ley. Un acta de compromiso no debe otorgar impunidad para delitos contra la libertad de tránsito, la propiedad pública o privada, la vida o la seguridad personal. Por supuesto, ya hay voces críticas o deslegitimadoras contra el Gobierno nacional por este nuevo enfoque de quienes, por política o puro egoísmo, quieren que nada cambie.

La ciudadanía respetuosa de la ley confía no sea así.