Una noticia ha pasado desapercibida: la creación del
Viceministerio de Gobernanza Territorial.
A partir de la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad, creada en 2012, el nuevo viceministerio tendrá tres
secretarías: Descentralización, Gestión Social y Diálogo y Organización
Territorial. El Presidente del Consejo de Ministros designó al abogado Javier
Fernández-Concha, quien era gerente general de la empresa canadiense Minera Sulliden Shahuindo.
En entrevista al diario El Comercio, Fernández-Concha dijo que el Gobierno nacional dará a
un nuevo enfoque hacia los llamados “conflictos sociales”, comenzando por
mejorar la gestión pública para atender a tiempo demandas sociales y evitar
situaciones de violencia.
Fernández-Concha dijo que el mecanismo alternativo
de las “mesas de diálogo” para solucionar conflictos “se ha agotado”, porque
manejar diálogo y conflictividad al mismo tiempo es muy difícil en una
negociación. Es capitular. Además, aparecen elementos políticos y económicos
ajenos a la demanda social original que muchas veces incluyen una agenda
ilegítima. También dijo que se trabajará con una evaluación y metodología distintas
a las manejadas por la Defensoría del Pueblo. Sólo se catalogaría “conflicto”
cuando haya violación del orden jurídico. Así, de los 271 conflictos reportados
por la Defensoría del Pueblo, bajaron a cinco. Habría una fase de “tensión” y
otra de “pre-conflicto”. Se buscará solucionar el problema sin una mesa de
diálogo.
Adicionalmente, Fernández-Concha dijo algo muy
importante: bajo ningún motivo habrá diálogo cuando haya violencia, violaciones
al orden jurídico. Principal función del Gobierno nacional es imponer la ley y
violentarla debe tener consecuencias, porque todos somos ciudadanos (y
ciudadanas) con iguales derechos y deberes. Habría diálogo si no hay violencia
y si la hubiese, no se descartaría decretar el Estado de Emergencia.
¿Por qué resalto estas declaraciones?. Desde la
restauración de la democracia en 2001, ha habido un círculo vicioso: conflicto
violento con intereses políticos y económicos camuflados tras una demanda
social. De inmediato, mesa de diálogo, acta de compromiso e impunidad por haber
violado la ley. Entonces, surge otro conflicto, con la misma dinámica de nunca
acabar.
Jamás creí el cuento de la Defensoría del Pueblo y
esos políticos, periodistas e intelectuales “rojos” y “rojimios” sobre los doscientos
o trecientos “conflictos sociales” en el país. Según ellos, el Perú es el país
más conflictivo del planeta y es un milagro que no nos acuchillemos entre
nosotros o no haya degüellos en los árboles. Absurdo.
Diálogo sí, pero nunca para consumar la violación a
la ley. Un acta de compromiso no debe otorgar impunidad para delitos contra la
libertad de tránsito, la propiedad pública o privada, la vida o la seguridad
personal. Por supuesto, ya hay voces críticas o deslegitimadoras contra el
Gobierno nacional por este nuevo enfoque de quienes, por política o puro egoísmo,
quieren que nada cambie.
La ciudadanía respetuosa de la ley confía no sea
así.
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