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SUNEDU y el licenciamiento


Entre el bochinche político, un hecho relevante.

La Comisión de Educación del Congreso, presidida por la (esperpéntica) congresista Tamar Arimborgo, aprobó solicitar a la Cámara facultades para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el proceso de licenciamiento de universidades iniciado en 2015. El pedido es respaldado por el APRA y el fujimorismo. “Rojos” y “rojimios” han puesto grito en el cielo. Aunque hubo una investigación anterior pendiente, ¿qué se pretende con una nueva investigación?, ¿todo marcha bien con la SUNEDU?.

El origen de SUNEDU se remonta al proyecto de nueva “Ley Universitaria” aprobado por el Congreso en 2014, hechura de la Comisión de Educación, entonces presidida por el congresista Daniel Mora. Era necesaria una nueva ley que reemplazara la de 1983, pero Mora introdujo un ente público que sustituyera las reglas del mercado por el control burocrático para garantizar la “calidad educativa”. Fue el economista Jaime Saavedra, ministro de Educación bajo el gobierno de Ollanta Humala, quien quitó el fuerte tufo intervencionista del proyecto, pero no cuestionó la existencia de la SUNEDU.

Una de las primeras funciones de la SUNEDU era iniciar un proceso de licenciamiento de las casi 150 universidades estatales y privadas por 6, 8 o 10 años. Sin embargo, desde las expresiones de Mora hablando de “universidades funcionando encima de un Chifa” en las televisoras, podíamos intuir que la SUNEDU iría contra las universidades privadas. Legalmente, no hay distinciones. El proceso tiene tres etapas: revisión documentaria, verificación presencial y emisión de resolución. Ante un resultado desfavorable en alguna etapa, la universidad estatal o privada puede ejecutar por única vez un “plan de adecuación” para adecuarse a las “condiciones básicas de calidad” (señaladas en la ley) y continuar el proceso.

A la fecha, 80 universidades habrían obtenido el licenciamiento. El problema son las universidades con licenciamiento denegado, que no pueden convocar más procesos de admisión de estudiantes ni deben cesar actividades, máximo en dos años. Más allá de reglamentos, la SUNEDU ha sido bastante “indolente” con estudiantes y egresados de las 13 universidades con licenciamiento denegado hasta el momento dejándolos “a su suerte”. Esto se vio con la Universidad TELESUP, de la cual un grupo de estudiantes fue a protestar de noche a la ¡casa del jefe de SUNEDU!.

Hasta ahora todas universidades con licencia denegada son privadas. No hay ninguna estatal. La SUNEDU sólo se ha limitado a cerrar filiales, pero ninguna universidad estatal. ¿Qué ocurre con la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Enrique Guzmán y Valle y la Universidad Nacional del Callao, corruptas y politizadas, con “calidad educativa” bajísima, pero a los cuales la SUNEDU, a mayo de este año, no les habría exigido “planes de adecuación” muy estrictos?, ¿doble estándar?.

En fin, la SUNEDU estará en el ojo de la opinión pública, porque a la ciudadanía nos cuesta en impuestos su existencia.
 

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