Entre el
bochinche político, un hecho relevante.
La Comisión
de Educación del Congreso, presidida por la (esperpéntica) congresista Tamar
Arimborgo, aprobó solicitar a la Cámara facultades para investigar a la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el
proceso de licenciamiento de universidades iniciado en 2015. El pedido es
respaldado por el APRA y el fujimorismo. “Rojos” y “rojimios” han puesto grito
en el cielo. Aunque hubo una investigación anterior pendiente, ¿qué se pretende
con una nueva investigación?, ¿todo marcha bien con la SUNEDU?.
El origen
de SUNEDU se remonta al proyecto de nueva “Ley Universitaria” aprobado por el
Congreso en 2014, hechura de la Comisión de Educación, entonces presidida por
el congresista Daniel Mora. Era necesaria una nueva ley que reemplazara la de
1983, pero Mora introdujo un ente público que sustituyera las reglas del
mercado por el control burocrático para garantizar la “calidad educativa”. Fue
el economista Jaime Saavedra, ministro de Educación bajo el gobierno de Ollanta
Humala, quien quitó el fuerte tufo intervencionista del proyecto, pero no
cuestionó la existencia de la SUNEDU.
Una de las
primeras funciones de la SUNEDU era iniciar un proceso de licenciamiento de las
casi 150 universidades estatales y privadas por 6, 8 o 10 años. Sin embargo,
desde las expresiones de Mora hablando de “universidades
funcionando encima de un Chifa” en las televisoras, podíamos intuir que la
SUNEDU iría contra las universidades privadas. Legalmente, no hay distinciones.
El proceso tiene tres etapas: revisión documentaria, verificación presencial y
emisión de resolución. Ante un resultado desfavorable en alguna etapa, la
universidad estatal o privada puede ejecutar por única vez un “plan de
adecuación” para adecuarse a las “condiciones básicas de calidad” (señaladas en
la ley) y continuar el proceso.
A la fecha,
80 universidades habrían obtenido el licenciamiento. El problema son las
universidades con licenciamiento denegado, que no pueden convocar más procesos
de admisión de estudiantes ni deben cesar actividades, máximo en dos años. Más
allá de reglamentos, la SUNEDU ha sido bastante “indolente” con estudiantes y
egresados de las 13 universidades con licenciamiento denegado hasta el momento dejándolos
“a su suerte”. Esto se vio con la Universidad TELESUP, de la cual un grupo de
estudiantes fue a protestar de noche a la ¡casa del jefe de SUNEDU!.
Hasta ahora
todas universidades con licencia denegada son privadas. No hay ninguna estatal.
La SUNEDU sólo se ha limitado a cerrar filiales, pero ninguna universidad
estatal. ¿Qué ocurre con la Universidad Nacional Federico Villarreal, la
Universidad Enrique Guzmán y Valle y la Universidad Nacional del Callao,
corruptas y politizadas, con “calidad educativa” bajísima, pero a los cuales la
SUNEDU, a mayo de este año, no les habría exigido “planes de adecuación” muy
estrictos?, ¿doble estándar?.
En fin, la
SUNEDU estará en el ojo de la opinión pública, porque a la ciudadanía nos
cuesta en impuestos su existencia.
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