La lucha “Pulpín” no es por “derechos”, sino por dogmas

Continuaron las marchas estudiantiles contra la Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y la protección social, burlonamente apodada con el nombre comercial de un jugo envasado (“Pulpín”), aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo el año pasado.

 

El Tribunal Constitucional admitió una acción de inconstitucionalidad contra la ley (prefiero el estudio técnico-jurídico y no político) y la Comisión Permanente del Congreso iba a debatir una modificatoria o derogatoria hasta que el Presidente de la República convoca para hacerlo a la Cámara. Sin embargo, el APRA, los fujimoristas (¡oportunistas!), Acción Popular, la izquierda radical, disidentes del Partido Nacionalista y hasta algunos dentro del oficialismo quieren la derogatoria, a pesar de haber votado por la aprobación menos de dos meses antes. También lo quieren ciertos periodistas (por ejemplo, Claudia Cisneros), mujeres de prensa (la lingüista Patricia del Río) y hasta de la farándula (como la modelo Vania Bludau) “progres”, aunque no sean jovencitas o gocen de empleos seguros y lucrativos.

 

¿Qué defienden quienes protestan, aunque el número sea cada vez menor?. Sin contar quienes defienden un proyecto político-ideológico (¿por qué hubo pancartas con peticiones escritas por una “nueva Constitución” o proclamas contra los gremios empresariales?), quienes dicen defender los “derechos laborales” no defienden derechos sino dogmas.

 

Primer dogma: los derechos laborales son colectivos (todos deben tener lo mismo) y, por ende, “conquistas sociales”. Nunca serán revisables y deben quedar plasmadas en papel. Quienes profesan este dogma no pueden ver el derecho laboral como individual y parte de las relaciones flexibles y equilibradas entre empleado y empleador. No ven dimensiones económicas a las “conquistas sociales”, por lo que les importa un bledo quién las financiará o cuánto costarán. Tampoco entienden que el papel “aguanta todo”. Eso se llama “populismo”.

 

Segundo dogma: la reforma laboral de 1991 “desprotegió” a trabajadores y trabajadoras frente al empresariado, por lo que la informalidad en el trabajo es producto de esa desprotección y lo que se necesita es “más protección”, “más derechos”. Eso se asegura a cada rato desde partidos políticos, sindicatos, iglesias, universidades y medios de comunicación. En esa línea actuaron, aunque con matices, los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García. Esa reforma “modificó” derechos, pero aumentó los costos de contratación y despido. Al final, el efecto del cambio fue imperceptible. A partir de entonces, cualquier político que proponga una reforma laboral que baje costos de contratación y despido “fomentaría” la “explotación laboral”. Eso también se llama “populismo”.  

 

Sólo si entendemos esto, entenderemos por qué tanta necedad a leer y reflexionar sobre una ley que no es ideal, pero que sería beneficiosa para determinada juventud. Si nos remitimos a la epistemología, los dogmas no se cuestionan. Simplemente, se cree o no en éstos.