Continuaron las marchas
estudiantiles contra la Ley que promueve el acceso de jóvenes al
mercado laboral y la protección social, burlonamente apodada con el
nombre comercial de un jugo envasado (“Pulpín”), aprobada por el Congreso y
promulgada por el Poder Ejecutivo el año pasado.
El Tribunal Constitucional
admitió una acción de inconstitucionalidad contra la ley (prefiero el estudio
técnico-jurídico y no político) y la Comisión Permanente del Congreso iba a
debatir una modificatoria o derogatoria hasta que el Presidente de la República
convoca para hacerlo a la Cámara. Sin embargo, el APRA, los fujimoristas
(¡oportunistas!), Acción Popular, la izquierda radical, disidentes del Partido
Nacionalista y hasta algunos dentro del oficialismo quieren la derogatoria, a
pesar de haber votado por la aprobación menos de dos meses antes. También lo
quieren ciertos periodistas (por ejemplo, Claudia Cisneros), mujeres de prensa
(la lingüista Patricia del Río) y hasta de la farándula (como la modelo Vania
Bludau) “progres”, aunque no sean jovencitas o gocen de empleos seguros y
lucrativos.
¿Qué defienden quienes protestan,
aunque el número sea cada vez menor?. Sin contar quienes defienden un proyecto
político-ideológico (¿por qué hubo pancartas con peticiones escritas por una
“nueva Constitución” o proclamas contra los gremios empresariales?), quienes
dicen defender los “derechos laborales” no defienden derechos sino dogmas.
Primer
dogma:
los derechos laborales son colectivos (todos deben tener lo mismo) y, por ende,
“conquistas sociales”. Nunca serán revisables y deben quedar plasmadas en
papel. Quienes profesan este dogma no pueden ver el derecho laboral como
individual y parte de las relaciones flexibles y equilibradas entre empleado y
empleador. No ven dimensiones económicas a las “conquistas sociales”, por lo
que les importa un bledo quién las financiará o cuánto costarán. Tampoco
entienden que el papel “aguanta todo”. Eso se llama “populismo”.
Segundo
dogma:
la reforma laboral de 1991 “desprotegió” a trabajadores y trabajadoras frente
al empresariado, por lo que la informalidad en el trabajo es producto de esa
desprotección y lo que se necesita es “más protección”, “más derechos”. Eso se
asegura a cada rato desde partidos políticos, sindicatos, iglesias,
universidades y medios de comunicación. En esa línea actuaron, aunque con
matices, los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García.
Esa reforma “modificó” derechos, pero aumentó los costos de contratación y
despido. Al final, el efecto del cambio fue imperceptible. A partir de
entonces, cualquier político que proponga una reforma laboral que baje costos
de contratación y despido “fomentaría” la “explotación laboral”. Eso también se
llama “populismo”.
Sólo si entendemos esto, entenderemos
por qué tanta necedad a leer y reflexionar sobre una ley que no es ideal, pero
que sería beneficiosa para determinada juventud. Si nos remitimos a la
epistemología, los dogmas no se cuestionan. Simplemente, se cree o no en éstos.
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