¡Hasta Maxwell Smart lo haría mejor!

La revista Correo Semanal ha denunciado que varios dirigentes políticos del APRA han sido objeto de “reglaje” y ahí estalló un nuevo escándalo para el Gobierno nacional.

 

Según el periodismo crítico, también habrían sido objetivo de “reglaje” las congresistas Natalie Condori (disidente del Partido Nacionalista), Cecilia Tait (disidente de Perú Posible, aliado del oficialismo), la Primera Vicepresidenta de la República (¿será que la dama no es bienvenida en el Palacio de Gobierno desde que apareció..., en la teleserie animada estadounidense Los Simpsons?, já, já), la jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), etc. Antes se denunció lo mismo respecto a Fernando Rospigliosi (ex Ministro del Interior), el congresista Víctor Andrés García Belaunde (pese a la pose opositora, Acción Popular es un aliado gobiernista) y otros.

 

¿Qué es “reglaje”?. Son operaciones de inteligencia o contra-inteligencia que consiste en seguir un objetivo (una persona o grupo de personas) para recabar la mayor cantidad de información posible, que se procesa a través de notas informativas. También puede incluir interceptación telefónica o de mensajería electrónica (e-mail), pero requiere presencia de un fiscal y orden de un juez. Estas operaciones son normales cuando se necesita información sobre posibles amenazas contra la defensa nacional, el orden interno y la seguridad ciudadana.

 

¿Qué ocurre en el Perú?. En 2000 la dictadura de Alberto Fujimori desactivó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Muchísimos agentes quedaron sin empleo formando o integrando empresas de seguridad y otros pocos pasaron a integrar el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), creado por al año siguiente por el gobierno de Valentín Paniagua. Tras marchas y contra-marchas con el gobierno de Alejandro Toledo, en 2006 se creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y se reorganizó el sistema de inteligencia bajo el gobierno de Alan García. Desde 2012 el presupuesto para inteligencia y contra-inteligencia ha subido, pero el profesionalismo de la DINI es pobre.

 

Quienes están en el sector privado tampoco eran los “mejores agentes”. Los casos judicializados “petro-audios” y Business Track son ejemplos de cómo se ha querido utilizar los conocimientos técnicos del antiguo SIN al espionaje político e industrial, torpemente. De ahí que todos los expertos coincidan (sin saber quién está detrás de todo) que esto ha sido un “reglaje” inútil, burdo y pésimo. Un “reglaje” que, sin embargo, parece haber ocurrido.

 

Que varios compañeros de armas del Presidente de la República conformen o hayan conformado la alta jefatura de la DINI no es sinónimo de un “retorno al pasado” sino otra forma de practicar el tradicional compañerismo, con el Estado.

 

Por supuesto, alguien debe caerle la responsabilidad política. El fujimorismo ya pidió la renuncia de la Presidenta del Consejo de Ministros, quien debe dar explicaciones al Congreso por este “reglaje” que hasta Maxwell Smart, el célebre “agente 86” de la televisión, hubiese realizado mejor.