La revista Correo Semanal ha denunciado que varios dirigentes políticos del
APRA han sido objeto de “reglaje” y ahí estalló un nuevo escándalo para el
Gobierno nacional.
Según el periodismo crítico, también
habrían sido objetivo de “reglaje” las congresistas Natalie Condori (disidente
del Partido Nacionalista), Cecilia Tait (disidente de Perú Posible, aliado del
oficialismo), la Primera Vicepresidenta de la República (¿será que la dama no
es bienvenida en el Palacio de Gobierno desde que apareció..., en la teleserie
animada estadounidense Los Simpsons?, já, já), la jefa de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), etc. Antes se
denunció lo mismo respecto a Fernando Rospigliosi (ex Ministro del Interior),
el congresista Víctor Andrés García Belaunde (pese a la pose opositora, Acción
Popular es un aliado gobiernista) y otros.
¿Qué es “reglaje”?. Son operaciones
de inteligencia o contra-inteligencia que consiste en seguir un objetivo (una
persona o grupo de personas) para recabar la mayor cantidad de información
posible, que se procesa a través de notas informativas. También puede incluir
interceptación telefónica o de mensajería electrónica (e-mail), pero requiere
presencia de un fiscal y orden de un juez. Estas operaciones son normales cuando
se necesita información sobre posibles amenazas contra la defensa nacional, el
orden interno y la seguridad ciudadana.
¿Qué ocurre en el Perú?. En 2000
la dictadura de Alberto Fujimori desactivó el Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN). Muchísimos agentes quedaron sin empleo formando o integrando empresas de
seguridad y otros pocos pasaron a integrar el Consejo Nacional de Inteligencia
(CNI), creado por al año siguiente por el gobierno de Valentín Paniagua. Tras
marchas y contra-marchas con el gobierno de Alejandro Toledo, en 2006 se creó
la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y se reorganizó el sistema de
inteligencia bajo el gobierno de Alan García. Desde 2012 el presupuesto para
inteligencia y contra-inteligencia ha subido, pero el profesionalismo de la
DINI es pobre.
Quienes están en el sector
privado tampoco eran los “mejores agentes”. Los casos judicializados “petro-audios”
y Business Track son ejemplos de cómo
se ha querido utilizar los conocimientos técnicos del antiguo SIN al espionaje
político e industrial, torpemente. De ahí que todos los expertos coincidan (sin
saber quién está detrás de todo) que esto ha sido un “reglaje” inútil, burdo y
pésimo. Un “reglaje” que, sin embargo, parece haber ocurrido.
Que varios compañeros de armas
del Presidente de la República conformen o hayan conformado la alta jefatura de
la DINI no es sinónimo de un “retorno al pasado” sino otra forma de practicar
el tradicional compañerismo, con el Estado.
Por supuesto, alguien debe caerle
la responsabilidad política. El fujimorismo ya pidió la renuncia de la
Presidenta del Consejo de Ministros, quien debe dar explicaciones al Congreso
por este “reglaje” que hasta Maxwell Smart, el célebre “agente 86” de la
televisión, hubiese realizado mejor.
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