Vino la Comisión de Venecia

Llegaron al país y ya se fueron los juristas de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como la “Comisión de Venecia”.

Fundada en 1990 y formado por expertos independientes en el Derecho Constitucional. La “Comisión” sesiona cuatro veces al año en Venecia, Italia. 62 estados la integran, más estados observadores, un estado asociado y dos bajo cooperación especial. De América Latina, Brasil, Chile y México participan. Perú participa desde 2009. Argentina y Uruguay son observadores.

La principal tarea de la “Comisión” es asistir y aconsejar a países en materia constitucional para mejorar la democracia, fortalecer las instituciones y resguardar los derechos humanos. No impone soluciones sino realiza propuestas no ejecutivas desplegables a partir del diálogo. Por eso suele visitar el país concernido y conocer el asunto directamente con los diferentes actores políticos implicados para asegurar la observación más objetiva de la situación.

En 2017 y 2018 el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó opinión a la “Comisión” sobre las (viciadas) elecciones constituyentes convocadas y celebradas por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y el (espurio) nuevo propósito reeleccionista de Evo Morales en Bolivia, respectivamente. Respecto al Perú, en 2011 el Tribunal Constitucional pidió opinión a la “Comisión” sobre el caso El Frontón, el develamiento sangriento del motín de presos terroristas de Sendero Luminoso por la Marina de Guerra en 1986.

La “Comisión” ha venido ahora a pedido de Pedro Olaechea, presidente del Congreso, por la propuesta de reforma constitucional con referéndum del Presidente de la República para adelantar un año las elecciones generales de 2021 y el mecanismo de la cuestión de confianza. Tuvo reuniones en el Congreso, donde abundaron los discursos políticos antes que el razonamiento jurídico y no faltaron los “berrinches” de congresistas como Héctor Becerril y Yohny Lescano. También tuvo encuentros con el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y los magistrados del Tribunal Constitucional. A pesar de haberlo pedido, no hubo un encuentro con Su Excelencia.

La “Comisión” no se pronunciará por la “constitucionalidad” de la propuesta presidencial ni propondrá “salidas políticas”, según declaraciones de su presidente recogidas por los medios de comunicación. La izquierda radical parece entender que la sola visita de los juristas “debilitaba” políticamente la propuesta. Los “rojos” y “rojimios” insisten que el Congreso debata la propuesta, sin esperar la opinión de la “Comisión” a emitir en octubre. Posiblemente, esa opinión dirá que es posible el adelanto electoral sólo si hubiese “consenso político” (como en el año 2000, al inicio de la transición a la democracia), sin el “referéndum tramposo” del Presidente de la República para “habilitar” su candidatura.

Por ahora, los juristas de la “Comisión” habrán comprobado cuánto se ha “degradado” y “crispado” la política peruana. Vergüenza.