Llegaron al
país y ya se fueron los juristas de la Comisión Europea para la Democracia por
el Derecho, más conocida como la “Comisión de Venecia”.
Fundada en
1990 y formado por expertos independientes en el Derecho Constitucional. La
“Comisión” sesiona cuatro veces al año en Venecia, Italia. 62 estados la
integran, más estados observadores, un estado asociado y dos bajo cooperación
especial. De América Latina, Brasil, Chile y México participan. Perú participa
desde 2009. Argentina y Uruguay son observadores.
La
principal tarea de la “Comisión” es asistir y aconsejar a países en materia
constitucional para mejorar la democracia, fortalecer las instituciones y resguardar
los derechos humanos. No impone soluciones sino realiza propuestas no
ejecutivas desplegables a partir del diálogo. Por eso suele visitar el país
concernido y conocer el asunto directamente con los diferentes actores
políticos implicados para asegurar la observación más objetiva de la situación.
En 2017 y
2018 el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, solicitó opinión a la “Comisión” sobre las (viciadas) elecciones
constituyentes convocadas y celebradas por la dictadura de Nicolás Maduro en
Venezuela y el (espurio) nuevo propósito reeleccionista de Evo Morales en
Bolivia, respectivamente. Respecto al Perú, en 2011 el Tribunal Constitucional
pidió opinión a la “Comisión” sobre el caso El Frontón, el develamiento
sangriento del motín de presos terroristas de Sendero Luminoso por la Marina de
Guerra en 1986.
La
“Comisión” ha venido ahora a pedido de Pedro Olaechea, presidente del Congreso,
por la propuesta de reforma constitucional con referéndum del Presidente de la
República para adelantar un año las elecciones generales de 2021 y el mecanismo
de la cuestión de confianza. Tuvo reuniones en el Congreso, donde abundaron los
discursos políticos antes que el razonamiento jurídico y no faltaron los
“berrinches” de congresistas como Héctor Becerril y Yohny Lescano. También tuvo
encuentros con el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia
y Derechos Humanos y los magistrados del Tribunal Constitucional. A pesar de
haberlo pedido, no hubo un encuentro con Su Excelencia.
La
“Comisión” no se pronunciará por la “constitucionalidad” de la propuesta
presidencial ni propondrá “salidas políticas”, según declaraciones de su
presidente recogidas por los medios de comunicación. La izquierda radical
parece entender que la sola visita de los juristas “debilitaba” políticamente la
propuesta. Los “rojos” y “rojimios” insisten que el Congreso debata la
propuesta, sin esperar la opinión de la “Comisión” a emitir en octubre. Posiblemente,
esa opinión dirá que es posible el adelanto electoral sólo si hubiese “consenso
político” (como en el año 2000, al inicio de la transición a la democracia), sin
el “referéndum tramposo” del Presidente de la República para “habilitar” su
candidatura.
Por ahora,
los juristas de la “Comisión” habrán comprobado cuánto se ha “degradado” y “crispado”
la política peruana. Vergüenza.
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