Octubre políticamente convulso

Otra vez se fue el sol, continua el frío y también la convulsión en la política nacional del Perú.

Nadie lo esperaba. Ni siquiera doña Keiko F., ex congresista, dos veces candidata presidencial, hija mayor del ex dictador Alberto Fujimori y lideresa del fujimorismo, cuando fue apresada por una orden de detención preliminar.

La noticia dio la vuelta al mundo. La bancada fujimorista en el Congreso y “filo-fujimoristas” en los medios de comunicación quedaron catatónicos. Tan pronto reaccionaron, gritaron “persecución política”, “arbitrariedad”, “abuso”, etc. Doña Keiko está detenida en la sede de la Prefectura de Lima por el “escándalo Odebrecht” y los aportes de la empresa constructora brasileña a la campaña presidencial de 2011. Dictó la orden a pedido de la fiscalía especializada el polémico juez instructor Richard Concepción (para mí, un “prevaricador”), la misma señoría con pose de “implacable” a quien los fujimoristas alababan a morir antes. En lo personal, no me convence todos los motivos para la detención preliminar. No obstante, parecería que a Doña Keiko le darían después prisión preventiva de 18 meses y sería traslada a una prisión de mujeres. En las últimas horas, han sido detenidos cuatros de sus asesores.

Por su parte, finalmente, por seis votos contra uno, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional aquella ley aprobada y promulgada por el Congreso que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privado -salvo excepciones puntuales- y la confinaba a las redes sociales Facebook y Twitter. La norma legal colisionaba con las libertades de información y contratación. Este fallo no cayó bien en el APRA y el fujimorismo. El congresista aprista Mauricio Mulder llamó públicamente “rastreros” a los magistrados constitucionales.

De otro lado, sorprendiendo a tirios y troyanos, el Congreso aprobó en menos de 48 horas una ley que modifica el Código Ejecución Penal de 1991 creando la extraña figura de la “vigilancia electrónica” en libertad para reos varones o mujeres mayores de 65 años de edad y en delicada condición de salud. La norma legal tiene vacíos procesales y ha sido cuestionada por numerosos abogados penalistas. Sin embargo, los fujimoristas (votaron a favor) han proclamado abiertamente que la ley está pensada para Fujimori, cuyo indulto humanitario le fue anulado recientemente. La Constitución de 1993 prohíbe legislar con nombre propio.

Aunque la norma tiene prohibiciones para sentenciados por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, no es restrictiva para sentenciados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Así el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y el generalato corrupto de la década de 1990, bien juzgados y presos, podrían salir libres. De un plumazo esta ley se carga uno de los pilares de la Transición de los años 2000-2001: la sanción penal a quienes hubieran delinquido gravemente en nuestro pasado reciente.

Queda ver si el Poder Ejecutivo observará la norma legal. Ya lo veremos, pero octubre seguirá políticamente convulso.