Otra vez se fue el sol, continua el frío y también la
convulsión en la política nacional del Perú.
Nadie lo esperaba. Ni siquiera doña Keiko F., ex
congresista, dos veces candidata presidencial, hija mayor del ex dictador Alberto
Fujimori y lideresa del fujimorismo, cuando fue apresada por una orden de
detención preliminar.
La noticia dio la vuelta al mundo. La bancada
fujimorista en el Congreso y “filo-fujimoristas” en los medios de comunicación
quedaron catatónicos. Tan pronto reaccionaron, gritaron “persecución política”,
“arbitrariedad”, “abuso”, etc. Doña Keiko está detenida en la sede de la Prefectura
de Lima por el “escándalo Odebrecht” y los aportes de la empresa constructora
brasileña a la campaña presidencial de 2011. Dictó la orden a pedido de la fiscalía
especializada el polémico juez instructor Richard Concepción (para mí, un “prevaricador”),
la misma señoría con pose de “implacable” a quien los fujimoristas alababan a
morir antes. En lo personal, no me convence todos los motivos para la detención
preliminar. No obstante, parecería que a Doña Keiko le darían después prisión
preventiva de 18 meses y sería traslada a una prisión de mujeres. En las
últimas horas, han sido detenidos cuatros de sus asesores.
Por su parte, finalmente, por seis votos contra uno,
el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional aquella ley aprobada y
promulgada por el Congreso que prohibía la publicidad estatal en medios de
comunicación privado -salvo excepciones puntuales- y la confinaba a las redes
sociales Facebook y Twitter. La norma legal colisionaba con
las libertades de información y contratación. Este fallo no cayó bien en el
APRA y el fujimorismo. El congresista aprista Mauricio Mulder llamó
públicamente “rastreros” a los magistrados constitucionales.
De otro lado, sorprendiendo a tirios y troyanos, el
Congreso aprobó en menos de 48 horas una ley que modifica el Código Ejecución
Penal de 1991 creando la extraña figura de la “vigilancia electrónica” en
libertad para reos varones o mujeres mayores de 65 años de edad y en delicada
condición de salud. La norma legal tiene vacíos procesales y ha sido
cuestionada por numerosos abogados penalistas. Sin embargo, los fujimoristas (votaron
a favor) han proclamado abiertamente que la ley está pensada para Fujimori,
cuyo indulto humanitario le fue anulado recientemente. La Constitución de 1993 prohíbe
legislar con nombre propio.
Aunque la norma tiene prohibiciones para sentenciados
por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, no es restrictiva para
sentenciados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad. Así el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y el
generalato corrupto de la década de 1990, bien juzgados y presos, podrían salir
libres. De un plumazo esta ley se carga uno de los pilares de la Transición de
los años 2000-2001: la sanción penal a quienes hubieran delinquido gravemente
en nuestro pasado reciente.
Queda ver si el Poder Ejecutivo observará la norma
legal. Ya lo veremos, pero octubre seguirá políticamente convulso.
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