¡Abajo el prevaricato!

¿Sabe usted qué es el “prevaricato”?. Está contemplado en el Código Penal de 1991.

En el Perú es un delito consistente en que un fiscal o un juez bajo conducta fraudulenta dicte una resolución o un dictamen a sabiendas de que es injusto y contrario a la ley, citando pruebas falsas o hechos inexistentes o apoyándose en normas supuestas o derogadas. Cuando un fiscal o un juez se apartan voluntariamente de la aplicación del Derecho dentro de un caso civil o penal cometen “prevaricato”.

Prevaricato es la palabra que viene a la mente cuando pienso en el fiscal de “lavado de activos” Germán Juárez y el juez de control Richard Concepción, agentes del Ministerio Público y el Poder Judicial, respectivamente, quienes ahora están en el ojo de la tormenta por sus decisiones. Para algunos, polémicas. Para los demás, arbitrarias.

Personalmente, estas señorías -y un par más- avergüenzan. Son ególatras, mentirosos, incompetentes e indolentes. Abusan de la ley como quieren. Pervirtieron la prisión preventiva y el allanamiento. No distinguen entre embargo, inhibición o incautación de bienes muebles o inmuebles. Dicen, se desdicen y se contradicen en sus medidas. Saltan sobre los principios y garantías jurisdiccionales. Se creen en Miami Vice manejando a la Policía Nacional. Les disgusta que el Tribunal Constitucional los corrija. Emiten resoluciones hasta en domingos y feriados o realizan audiencias hasta altas horas de la noche. No saben de tipificaciones delictivas ni procedimientos penales. Están más preocupados por las cámaras de TV y los micrófonos que por la solidez de sus argumentaciones jurídicas. 

Vivimos en democracia desde 2001, pero ni siquiera bajo las últimas dictaduras de nuestra Historia un fiscal o un juez han actuado así. Tampoco en el pasado contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado. Inquina, sevicia y mediocridad son notorias. Ese fiscal y ese juez no han parado ni siquiera para cautelar el bienestar de menores de edad. Acá no se trata de quién sea el imputado o el delito cometido. Especialmente, si aún no hay acusación, juicio ni sentencia. Me alude, como puede aludir a usted o cualquier ciudadano o ciudadana, porque ese fiscal y ese juez integran el sistema de administración de justicia de mi país. Son “majaderos”, “miserables”, pero -en lo personal- son groseramente PREVARICADORES.

En los Estados Unidos y Europa (por no mencionar Chile, Uruguay y Costa Rica) usted no halla fiscales o jueces ejerciendo sus magistraturas como estos “bellacos”, a pesar que aquí haya sectores de la ciudadanía y el periodismo que los aplaudan. No prestigian la justicia. Generan incertidumbre jurídica. No protegen la vida, la libertad y la propiedad. No favorecen la moralización pública. Atizan la desconfianza. Provocan recelo y suspicacia.

Por desgracia, en este país no se suele sancionar penalmente el prevaricato. Entre 3 a 5 años de prisión. Si fuese 3 o 4, el magistrado prevaricador ni siquiera iría a la cárcel. Tal vez si la pena fuese mucho mayor, no tendríamos este espectáculo tercermundista en el Perú.