¿Sabe usted qué es el “prevaricato”?. Está contemplado
en el Código Penal de 1991.
En el Perú es un delito consistente en que un fiscal o
un juez bajo conducta fraudulenta dicte una resolución o un dictamen a
sabiendas de que es injusto y contrario a la ley, citando pruebas falsas o
hechos inexistentes o apoyándose en normas supuestas o derogadas. Cuando un
fiscal o un juez se apartan voluntariamente de la aplicación del Derecho dentro
de un caso civil o penal cometen “prevaricato”.
Prevaricato es la palabra que viene a la mente cuando
pienso en el fiscal de “lavado de activos” Germán Juárez y el juez de control Richard
Concepción, agentes del Ministerio Público y el Poder Judicial,
respectivamente, quienes ahora están en el ojo de la tormenta por sus
decisiones. Para algunos, polémicas. Para los demás, arbitrarias.
Personalmente, estas señorías -y un par más- avergüenzan.
Son ególatras, mentirosos, incompetentes e indolentes. Abusan de la ley como
quieren. Pervirtieron la prisión preventiva y el allanamiento. No distinguen
entre embargo, inhibición o incautación de bienes muebles o inmuebles. Dicen,
se desdicen y se contradicen en sus medidas. Saltan sobre los principios y
garantías jurisdiccionales. Se creen en Miami Vice manejando a la Policía
Nacional. Les disgusta que el Tribunal Constitucional los corrija. Emiten
resoluciones hasta en domingos y feriados o realizan audiencias hasta altas horas
de la noche. No saben de tipificaciones delictivas ni procedimientos penales. Están
más preocupados por las cámaras de TV y los micrófonos que por la solidez de
sus argumentaciones jurídicas.
Vivimos en democracia desde 2001, pero ni siquiera
bajo las últimas dictaduras de nuestra Historia un fiscal o un juez han actuado
así. Tampoco en el pasado contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen
organizado. Inquina, sevicia y mediocridad son notorias. Ese fiscal y ese juez
no han parado ni siquiera para cautelar el bienestar de menores de edad. Acá no
se trata de quién sea el imputado o el delito cometido. Especialmente, si aún
no hay acusación, juicio ni sentencia. Me alude, como puede aludir a usted o
cualquier ciudadano o ciudadana, porque ese fiscal y ese juez integran el
sistema de administración de justicia de mi país. Son “majaderos”, “miserables”,
pero -en lo personal- son groseramente PREVARICADORES.
En los Estados Unidos y Europa (por no mencionar
Chile, Uruguay y Costa Rica) usted no halla fiscales o jueces ejerciendo sus
magistraturas como estos “bellacos”, a pesar que aquí haya sectores de la
ciudadanía y el periodismo que los aplaudan. No prestigian la justicia. Generan
incertidumbre jurídica. No protegen la vida, la libertad y la propiedad. No
favorecen la moralización pública. Atizan la desconfianza. Provocan recelo y
suspicacia.
Por desgracia, en este país no se suele sancionar
penalmente el prevaricato. Entre 3 a 5 años de prisión. Si fuese 3 o 4, el
magistrado prevaricador ni siquiera iría a la cárcel. Tal vez si la pena fuese
mucho mayor, no tendríamos este espectáculo tercermundista en el Perú.
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