¡A “joder”!

 

A los más maquiavélicos en sectores “de izquierda” les encanta apelar a una ley en la cual no creen para “joder” a sus adversarios.

Sectores “de derecha” están recurriendo a similar accionar. Dos ejemplos recientes: las denuncias constituciones presentadas por la congresista Patricia Chirinos contra veintiún implicados en los sucesos del 30 de septiembre de 2019 y la denuncia penal de la Municipalidad Metropolitana de Lima contra los ejecutivos del concesionario vial Rutas de Lima.

En el primer caso, todos conocemos los sucesos del 30 de septiembre de 2019. Apelando a la tesis jurídica de la “denegación fáctica” y con turbas “rojas” rodeando el Palacio Legislativo, el nefasto gobierno de Martín Vizcarra forzó la disolución de la Cámara y "se cargó" el Congreso violando flagrantemente la Constitución de 1993 y violentando la democracia restaurada en 2001.

Acogiéndose al principio de “hechos consumados”, en 2020 el Tribunal Constitucional señaló que, aunque estuvo mal haber estirado la Constitución de 1993 como plastilina, la disolución era constitucional, porque se convocó inmediatamente a comicios parlamentarios. Hace un par de meses, los magistrados cambiaron la interpretación y declararon inconstitucional todo el proceso por el cual el psicópata que nos desgobernó treinta meses “se cargó” el Congreso. Implícitamente, también serían “inconstitucionales” el Congreso elegido en 2020 y los gobiernos de Manuel Merino y Francisco Sagasti, pero ese análisis quedaría para otro artículo.

Chirinos, impetuosa, presentó denuncias tanto por delitos como infracción constitucional, pero son poco razonadas desde el punto de vista jurídico. Al margen del psicópata, por quien poca gente da un céntimo, las denuncias parecieran tener un tufillo vengador contra tres personajes: Salvador del Solar, ex presidente del Consejo de Ministros (a quien sectores “de derecha” le “tienen ganas” hace tiempo), el ex congresista Gino Costa (él me desagrada) y Marianela Ledesma, ex magistrada del Tribunal Constitucional. Creo las denuncias acabarán archivadas, pero “jodieron” a sus adversarios un buen tiempo.

Respecto a lo segundo, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no puede “cargarse” la concesión vial de Rutas de Lima, pese a haber violado la Constitución de 1993, porque una resolución de un tribunal arbitral internacional se lo impide, ahora instruyó a su procurador público que denuncie penalmente a los ejecutivos del consorcio por “lavado de activos”. Son los manotazos de ahogado de un demagogo, quien ya se siente derrotado en su principal “caballito de batalla”. Esa denuncia podrá ser admitida en fiscalía, pero las investigaciones tardarían tiempo y, posiblemente, sean archivadas.

Tan burda es esta maniobra política para “joder” unos ejecutivos que el teniente alcalde Renzo Reggiardo, ex congresista y abogado de profesión, se ha distanciado de López Aliaga y cree que la comuna capitalina está cayendo en el hostigamiento.

Ahí tienen la consecuencia de que sectores “de derecha” no tengan ideas ni crean en valores sino sólo defiendan intereses.