La democracia restaurada en 2001 estaría pendiendo de un hilo y no creo exagerar.
Waldemar Cerrón es congresista y hermano mayor del corrupto ex presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, comunista estalinista y quien tiene más de trescientos días prófugo de la justicia. Waldemar es un hombre que se considera a sí mismo marxista-leninista. Sin embargo, las bancadas “de derecha” en el Congreso no tienen ningún pudor en pactar con él y los leales a su fugitivo hermano. Son “pactos de estadistas”, como insinuó el inefable abogado Aldo Mariátegui.
Waldemar, el congresista, ha causado revuelo político y mediático con un proyecto de ley para crear en el Congreso una “comisión fiscalizadora y sancionadora” de fiscales y jueces. Alega en el texto que el Ministerio Público y el Poder Judicial están en “crisis institucional” y el Congreso es el único poder legitimado (no deja de sonar a chiste) para “supervisar” el correcto desempeño de fiscales y jueces.
En el Congreso hay varias decenas de congresistas con investigaciones fiscales, procesos penales y hasta condenas, quienes no están nada contentos con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Aunque el Gobierno nacional promulgó hace tiempo un decreto legislativo para modificar el Código Procesal Penal de 2004 y devolver a las fuerzas policiales la facultad de investigación que tuvieron bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 (violando la Constitución de 1993) para algunos delitos, desde el Congreso se promueve que sean para todos los delitos. Ellos afirman que es para luchar contra la criminalidad, pero es una vulgar mentira: hay intereses políticos y personales detrás de esta regresión al sistema de administración de justicia.
El proyecto de Waldemar Cerrón tiene la misma finalidad: detener a fiscales y jueces. Es una iniciativa legislativa que nos retrotrae a los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori y las “comisiones reorganizadoras” del Ministerio Público y el Poder Judicial instaladas tras el golpe de estado del 05 de abril de 1992.
El Congreso puede “cargarse” al Gobierno nacional (sucedió en 2018, 2020 y 2022) o éste hacerlo con el Congreso (como el 30 de septiembre de 2019) y la democracia quedaría dañada, pero no moriría. Si alguno de los dos “se cargara” el Ministerio Público y el Poder Judicial, la democracia morirá. A partir de ese momento, el comenzaría el derrumbe de la institucionalidad y el imperio de la ley. Sin éstos, no habrá crecimiento económico y reducción de la pobreza.
Olviden que el Tribunal Constitucional detendría al Congreso, porque son los mismos magistrados que, por ejemplo, “constitucionalizaron” las iniciativas parlamentarias de gasto público, pese a violar manifiestamente la Constitución de 1993.
Dios proteja a Perú.
Nota aparte: el Alcalde de
Lima es un miserable que está usando la comuna capitalina para su campaña
electoral al año 2026. Endeudamiento disparado, gasto municipal enloquecido, utilización
de las madres de las Ollas Comunes (regalándoles congeladoras), proselitismo
electoral descarado. Ya merece la destitución.
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