La Presidenta de la República y su Gobierno han alcanzado un nivel de bajeza moral inaceptables.
A través de los medios de comunicación se difundió la noticia roja sobre una jovencita residente en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, quien fue violada sexualmente y asesinada. La madre de la menor de edad fue a la comisaría próxima para denunciar la repentina desaparición de su hija, pero los efectivos de la Policía Nacional no quisieron admitir la denuncia, porque no habían transcurrido veinticuatro horas desde la desaparición. Pocas horas después familia y vecinos del barrio hallaron el cadáver de la jovencita ultrajada.
La opinión pública está indignada, la familia de la jovencita está emocionalmente devastada y el “sucio” Ministro del Interior prometió -una vez más- “mano dura” contra los criminales y sanciones disciplinarias contra los policías que rehusaron admitir la denuncia de la madre. En ese contexto, la Presidenta de la República recurrió a una vieja iniciativa demagógica: la pena de muerte. Su Excelencia pidió en un evento público el debate sobre el restablecimiento de la pena capital, para violadores sexuales de menores de edad. La han apoyado desde el Ministro del Interior pasando por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos hasta el Ministro de Economía y Finanzas.
Desde el retorno a la democracia en 2001 la propuesta de restablecer la pena capital es recurrente. En 2006 el gobierno de Alan García lo anunció y probó un patatús en ministros, juristas y periodistas, pero la gran mayoría de la ciudadanía -la cual no tiene por qué conocer de cuestiones jurídicas- se entusiasmó. Hace varios años que el asunto de la pena de muerte se ha convertido en un mantra para extremistas en los sectores “de derecha”.
Como he expresado en artículos de opinión antiguos, el restablecimiento de la pena de muerte no sería inmediato. Primero Perú debe denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de 1969, ratificado en 1978. Este proceso tardaría dos o tres años en culminarse. Después vendría una reforma a la (aniquilada) Constitución de 1993 para restablecer la pena de muerte, más allá de traición a la patria en caso de guerra externa: un año, mínimo. Posteriormente, vendrían las reformas al Código Penal de 1991, el Código Procesal Penal de 2004 y el Código de Ejecución Penal de 1991: también un año, mínimo. Iríamos cuatro o cinco años. El cambio no sería retroactivo. Sin contar el tiempo del proceso penal entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, recién veríamos al primer condenado a pena de muerte dentro de siete u ocho años. Mientras tanto, ¿qué?.
¿No es posible saltarse todo este procedimiento jurídico?. No. El mismo Presidente del Consejo de Ministros (un cínico de primera) ha dicho públicamente que en el Gobierno nacional no se ha contemplado la posibilidad de denunciar el Pacto de San José de 1969. Sin esa opción, no es posible nada. Todo sería un distractor social frente a los escándalos políticos o las denuncias de corrupción administrativa relacionadas a Su Excelencia.
La Presidenta de la República y su Gobierno han sido CRUELES jugando con las emociones de la familia de la jovencita asesinada (obviamente, los padres estarán a favor de la pena capital) y los sectores “de derecha” que insisten con esta polémica son CANALLAS, porque juegan reiteradamente con las heridas abiertas en esta sociedad que no ha superado todavía el trauma del dolor, la muerte y la destrucción por la violencia terrorista en las décadas de 1980 y 1990.
Detesto
cuando los políticos nos creen “estúpidos” y con el asunto de la pena de muerte
ya conocemos quiénes nos creen así.
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