Congreso manirroto

 

El impopular e “ilegítimo” Congreso aprobó el Presupuesto General de la República 2025 y un dato ha pasado inadvertido para los medios de comunicación y la opinión pública.

Para el siguiente año, el presupuesto parlamentario ascendería a más ¡mil cuatrocientos millones de soles!: una cifra inaudita, que convierte al Parlamento peruano en uno de los más caros de América Latina. Basta recordar que, en los dos últimos años, el presupuesto parlamentario alcanzó montos superiores a ochocientos y novecientos millones de soles, respectivamente. Incluso recibió desembolsos extras del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo al Fondo de Estabilización Fiscal, los dos últimos años en alrededor de cincuenta millones de soles.

¿En qué se gasta tanto dinero?. El Congreso tiene más de tres mil seiscientos trabajadores. Sólo las más grandes empresas en el país tienen una nómina semejante y alrededor del 80% del presupuesto parlamentario se destina a pagar gasto corriente, incluido sueldos. Ajeno a la fiscalización del gasto por la Contraloría General de la República desde 2016, el Congreso se ha convertido en una gigantesca “agencia de empleos”. Por ejemplo, en 2016 fue nombrada jefa del Fondo Editorial del Congreso la abogada Patricia Robinson, cuyo principal mérito para ese puesto habría sido ser “fujitroll” en la entonces red social Twitter.

Recordemos: en 2001, bajo la transición hacia la democracia, el presupuesto del Congreso unicameral era alrededor de cuatrocientos ochenta y siete millones de soles, una cifra bastante mayor al presupuesto parlamentario bicameral hasta el golpe de estado del 05 de abril de 1992, que entonces era ciento cuarenta y siete millones de soles. Con la excepción de 2003 y, especialmente, desde 2016, el presupuesto parlamentario ha crecido sostenidamente hasta llegar a casi el cuádruple de 2001.

Después que el nefasto gobierno de Martín Vizcarra “estiró” como plastilina la Constitución de 1993 y “se cargó” el Congreso el 30 de septiembre de 2019, hubo algunas voces expertas en administración pública que recomendaron aprovechar el interregno parlamentario para “reorganizar” o “racionalizar” todo el servicio parlamentario. No ocurrió y hoy el gasto está descontrolado: más dinero, más dinero para el Congreso, cuya “putrefacción” no deja de aumentar. Por supuesto, los congresistas electos en 2021 ya no tienen escrúpulos ni rubor para justificar el despilfarro en el gasto público.

En las elecciones generales de 2026 se elegirá un Congreso bicameral, pero cuyo número de integrantes en cada cámara legislativa aún no está determinado. Nada nos hace suponer que el gasto corriente disminuiría o se moderaría: al contrario, los nuevos senadores y los nuevos diputados dispararán el gasto hasta volver al Congreso un atroz despilfarrador de dinero.

Creo en 2026, muchísima gente votará en las ánforas por el futuro caudillo que, inevitablemente, surgirá rebelándose contra tanto abuso, tanto menosprecio, tanta humillación, tanta inmoralidad, tanto despilfarro, cuya encarnación máxima es el “hediondo” Congreso.