05 de abril de 1992. Alberto Fujimori, quien era el Presidente de la República desde 1990, dio un golpe de estado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las consecuencias del golpe son harto conocidas: cierre del Congreso, abrogación de la Constitución de 1979, intervención del Ministerio Público y el Poder Judicial, reorganización de la Contraloría General de la República, desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales y disolución de las asambleas regionales. Además, hubo censura a los medios de comunicación y arresto de principales opositores. Sin embargo, la principal medida del golpe, el cierre del Congreso, sería -según el golpista Fujimori- hasta “la creación de una nueva estructura del Poder Legislativo”, la cual sería “ratificada mediante un plebiscito”. Como es evidente, esa consulta popular jamás se celebró.
En diciembre, cuando se instaló el Congreso Constituyente Democrático, convocado por legitimar la dictadura, en su aburrido discurso inaugural, Jaime Yoshiyama, presidente del CCD, dijo que las reformas de mercado en la economía habían “rebasado” la Constitución de 1979. A partir de entonces, surgiría la justificación a la Constitución de 1993. No obstante, Fujimori nunca dijo el 05 de abril o antes que necesitábamos una nueva Constitución para las reformas de mercado. No. Si nos apegamos al mensaje de Fujimori la noche del 05 de abril, el golpe tuvo una motivación política, no económica. Mejor dicho, Fujimori necesitaba eliminar el Congreso dominado por sus oponentes, cuyos senadores y diputados todavía tenían chance de destituirlo. Considere que, desde el año anterior, se conocía la influencia venal del asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.
¿Por qué la evocación al pasado? Actualmente, la izquierda radical consiguió materializar un burdo discurso de “lucha de clases” en la Constitución de 1993. Para quienes han comprado ese mensaje, la Constitución de 1993 sólo sirve a “los ricos”, “los limeños” y “los corruptos”. En la otra orilla ideológica, están quienes ven la Constitución de 1993 como una muralla para evitar la vuelta a los experimentos económicos de las décadas de 1960, 1970 y 1980, nada más. Mientras los “rojos” sigan insistiendo en una nueva Constitución con una finalidad económica, habrá resistencia. ¿Qué pasaría si alguien vendiese la necesidad de una nueva Constitución, pero con finalidad política? Por ejemplo, “transformar las instituciones” y “luchar contra la corrupción”, empezando con el desacreditado y repudiado Congreso.
El año pasado el incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo lo había entendido y así lo manifestó en la intentona golpista del 07 de diciembre, pero para éste era demasiado tarde. La pregunta continúa sin respuesta: ¿qué sucedería si un político con vocación de caudillo consiguiera alcanzar el poder con millones de votos prometiendo pelear por un proceso constituyente que “transforme las instituciones” y permita “erradicar la corrupción”?.
Dígame,
qué sucedería.
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