Todas las encuestas de opinión revelan que la gran mayoría de la ciudadanía está muy enojada con la Presidenta de la República y su Gobierno, el Congreso, los gobiernos regionales y locales y la dirigencia política.
Sin embargo, éstos no se dan por aludidos. La Presidenta de la República insultó a un transeúnte que le gritó “¡Corrupta!” después del desfile militar el 29 de julio y ella respondió con un insulto, sin importarle la multitud congregada y la presencia de reporteros. Su Excelencia merece la altísima desaprobación que tiene.
El último fin de semana, la congresista Patricia Chirinos fue echada de un conocido bar, discoteca y pub en el distrito limeño de Barranco. Al verla en el lugar, numerosos asistentes le gritaron “¡Fuera, fuera!” y uno de ellos le lanzó un vaso de vidrio, que -por fortuna- no le golpeó. Aunque la agresión física no es justificable, Chirinos respondió desafiante insultando a quienes le abucheaban y después escribió en su cuenta de la red social X (otrora Twitter), auto-compadeciéndose, como si quienes la rechazaron en el establecimiento comercial fueron una patota de “inadaptados”, pero el resto de la gente la ama. Inmediatamente, la Alcaldesa de Barranco anunció una “investigación” por este acto de “discriminación”. Esperemos no sea un pretexto para clausurar el lugar y después cobrar una ilegal multa extorsiva para autorizar la reapertura.
Por su parte, el nuevo Presidente del Congreso “ilegítimo” (recalco la “ilegitimidad”, porque se salió de la Constitución de 1993 al aprobar esa inmoral y malísima reforma para restablecer la bicameralidad) se ha estrenado anunciando que la Mesa Directiva de la Cámara “espuria” aprobó que se otorgue pensión vitalicia al ex dictador Alberto Fujimori, porque fue “Presidente de la República”. Como ha señalado el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, Fujimori tuvo ese título, pero lo perdió cuando perpetró el golpe de estado del 05 de abril de 1992. Además, fue indultado, no amnistiado: la pena de veinticinco años por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad sigue vigente. Por tanto, esa pensión sería ilegal y quienes la aprobaron han delinquido. Por si fuera poco, Fujimori no ha pagado nada de los 57 millones de soles por reparación civil que le fue impuesta en aquella condena.
No obstante, en el Congreso “ilegítimo”, la gran mayoría de los integrantes de la Cámara “espuria” parece vivir en un “universo paralelo”. A esos hombres y esas mujeres no les interesa que casi la totalidad de la ciudadanía no sólo los desapruebe, sino que los odie y aborrezca.
Por último, el Ministro de Economía y Finanzas se salió con la suya: el Gobierno nacional promulgó el decreto legislativo que grava con 18% por el Impuesto General a las Ventas (IGV) todos los servicios de las plataformas digitales. A partir de octubre, la televisión streaming, la descarga de música, el almacenamiento o respaldo de archivos, los taxis por aplicativo, la compra de alimentos o bebidas mediante repartidores o el alquiler ocasional de inmuebles mediante aplicativo serán treinta por ciento más caros, según cálculos de expertos.
¿Cómo afectará los nuevos servicios gravados impositivamente a la ciudadanía cuando ésta se percate que incrementará el costo de vida?. Especialmente, entre quienes buscan alejarse de los temas políticos, pero la política acaba por alcanzarlos.
Tarde o
temprano, la ciudadanía hará sentir su molestia, frustración y rabia contra
quienes hoy detentan el poder político. Ahí oleremos el miedo y oiremos el crujir de dientes.
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