Destructores

 

De todos los candidatos presidenciales “de derecha” que competirán en las elecciones generales del siguiente año, dos de ellos son auténticos “destructores”.

Uno de esos destructores es el ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Todo el tiempo está presumiendo que es un “gestor”, que tiene contactos empresariales o financieros, que puede traer inversionistas y capitales, que podría hacer o tal cual hazaña modernizadora, etc. La realidad es muy distinta: López Aliaga es un destructor. No me refiero sólo a aquellas personas a quienes les destruyó furtivamente sus viviendas para construir su (inútil) Vía Expresa Sur. Sus seguidores dirán que sí hizo obras, pero entrecomilladas y lejos, muy lejos de sus promesas de la campaña electoral municipal de 2022.

En reciente decisión, el Poder Judicial declaró fundado el Hábeas Corpus de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra la concesionaria vial Rutas de Lima y ordenó la suspensión del cobro de peajes en Villa El Salvador y Punta Negra. Serían las últimas garitas de peaje que quedaban a la concesionaria vial tras decisiones judiciales similares (inconstitucionales, por cierto) que suspendieron el cobro de peaje en Lurín y Puente Piedra. Jamás entró en funcionamiento el peaje en Huachipa. Aunque son fallos judiciales, todo empezó cuando López Aliaga llevó su obsesión por "cargarse" la concesión vial al politizado Tribunal Constitucional el año pasado. Los magistrados constitucionales no le dieron la razón (hizo berrinche entonces), pero tampoco a la concesionaria vial. Con el último fallo judicial, la concesión vial ha quedado, en los hechos, “desactivada”. Rutas de Lima, cuyo consorcio está en proceso de disolución y liquidación, cumplirá su contrato hasta el final, pero incluirá nuevas evidencias al caso que llevará ante el CIADI, el centro arbitral internacional del Banco Mundial, donde Perú tiene casi una veintena de litigios por incumplimiento de contratos. Si Rutas de Lima no pudiera vender la concesión vial, exigirá a Perú montos astronómicos por indemnización más lucro cesante y daño emergente. Varios miles de millones de dólares que no saldrán del bolsillo de López Aliaga sino de los impuestos.

La otra destructora es doña Keiko F., hija mayor del difunto ex dictador Alberto Fujimori. Ella lidera la facción “de derecha” que más se ha esforzado los últimos diez años en vestirse de “demócratas” o “institucionalistas”, pero no lo son. Doña Keiko es una responsable (por no decir, la principal responsable) de la decadencia nacional que empezó en 2018 cuando forzó la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki.

Convencida Doña Keiko que “le robaron el triunfo” en 2016 (hasta ahora el periodista Hugo Guerra no entrega las pruebas del “fraude” en las elecciones generales de aquel año), al año siguiente una de sus congresistas más serviles de entonces promovió una ley para “transparentar” el Padrón Electoral. Dos leyes sucesivas en años recientes más la negligencia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (su jefa debió ser echada en 2022 cuando seguía sin conocer cuántos muertos figuraban en el Padrón Electoral) y hoy el RENIEC ha terminado transparentando todos los datos del Registro Electoral, exponiendo a toda la ciudadanía que caiga en garras del crimen organizado. No obstante, ahí está Doña Keiko, modosita, pretendiendo ser candidata presidencial por cuarta vez. Mejor debiera conformarse con una senaduría.

Cuando en el futuro se escriba sobre estos años, debe aparecer el nombre y los apellidos de este dúo que hace rato está contribuyendo a destruir la democracia restaurada en 2001 y el modelo económico heredado de la década de 1990.