Conmemorando la Batalla de Arica de 1880, se cumplen seis meses desde que el incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo intentó un golpe de estado y aceleró su caída.
Para la posteridad quedarán las imágenes televisadas de Castillo, el hombre con la boca torcida y quien vistió sombrero de ala ancha para ser “popular”, con banda presidencial cruzando su pecho, temblándole las manos mientras leí atropelladamente su discurso victimista, donde anunció que cerraba el Congreso, intervenía el Ministerio Público y el Poder Judicial, desactivaba el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, imponía “toque de queda” y ordenaba la requisa de armas de fuego. El golpe nació muerto, porque Castillo carecía del apoyo político necesario para perpetrarlo y las Fuerzas Armadas -además de la Policía Nacional- no estaban ni jamás estuvieron por respaldarle una dictadura.
Salvo algunas rescatables excepciones, toda la izquierda radical minimizó el golpe y justificó a Castillo. Algunas voces dijeron que él “no era consciente” de lo que estaba haciendo. Incluso alguien dijo, suelto de huesos, que había sido “drogado”. Otras voces dijeron que sólo “fue una proclama”, “un deseo”. No faltaron los cínicos alegando que la Constitución de 1993 no podía estar “por encima de la voluntad popular” y, según el “rojerío”, la “voluntad popular” quería -y aún quiere- el “cierre del Congreso” y el inicio de un proceso constituyente “rojo”.
Sin embargo, con la reciente revelación periodística de la televisora privada Willax, el relato “buenista” sobre el 07 de diciembre se cae. Conforme al reporte de investigación, fiscalía tiene una copia del proyecto de primer decreto-ley que Castillo iba a promulgar, donde ordenaba el “cierre del Congreso” y la convocatoria a comicios para un nuevo Congreso el 04 de junio, el cual hubiese tenido facultades constituyentes para redactar una nueva Constitución en menos de seis meses. No íbamos a tener certeza alguna que esas elecciones hubieran sido libres. A ese decreto-ley le hubiesen seguido otros que hubieran abrogado la Constitución de 1993 e implantado la dictadura. ¿No me creen?. Así empezó la dictadura de Alberto Fujimori tras el golpe de estado del 05 de abril de 1992.
Después de esa primicia, la izquierda radical está muda. “Rojos” y “rojimios” no quieren hablar del intento golpista del 07 de diciembre: hacerlo significa asumir responsabilidades. No, “rojos” y “rojimios” prefieren hablar sobre la destitución presidencial por el Congreso, la sucesión constitucional o, mejor aún, las “violaciones a los derechos humanos” cometidas por la Presidenta de la República y su Gobierno durante los tres primeros a causa de los conatos de revuelta y los focos insurreccionales desatados en casi todo el país por turbas de izquierda radical.
Hasta el 07
de diciembre de 2022, la izquierda radical podía presumir “credenciales
democráticas” y cierta gente le hubiese creído. Después del intento golpista, a
poca gente puede quedarle dudas que ésta sólo le interesa el poder.
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