Quien escribe ya no tiene reparos en afirmar que Perú, el país que me vio nacer, da vergüenza.
En Cusco, facciones bochincheras de izquierda radical protestan bloqueando el acceso a la ciudadela inca de Machu Picchu, porque el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo decidió que la venta de todas las entradas al complejo arqueológico sea a través de una plataforma virtual.
Esta decisión, que iguala Machu Picchu con monumentos arqueológicos en el mundo, es rechazada por el “rojerío” cusqueño, pero son ciertos empresarios turísticos mercantilistas quienes están detrás. Toda una colección de individuos codiciosos y oportunistas, a quienes no les importa perjudicar o lastimar ni siquiera a turistas extranjeros. En vez de apoyar la decisión gubernamental, que acaba con un perjuicio al erario público (de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República), gran parte de la opinión pública y los medios de comunicación se ponen “tibios”: hay que dialogar, faltó “diálogo”, hay que oír a los “pobladores”. Sarta de ridículos.
En Lima un juez comercial emitió una medida cautelar que suspende parcialmente el contrato-ley de una de las dos concesiones viales en la ciudad. En 2019 sucedió igual con la otra concesión vial: el Poder Judicial emitió una medida cautelar contra el cobro de peaje en varias garitas, pero un año después la revocó. Antes como ahora, un juez ha violado flagrantemente la Constitución de 1993 y, sin embargo, casi nadie ha reaccionado en contra. Entre la gran mayoría de políticos, sobre todo si son de los sectores “de derecha”, abundaron los aplausos a esta aberración. Ni siquiera es por “luchar contra la corrupción”, como insinúa el Alcalde de Lima, combativo para liderar protestas frente a la sede del Tribunal Constitucional (junto a la investidura parlamentaria, la investidura municipal no genera ningún respeto), quien nada dice sobre las denuncias de corrupción administrativa relacionadas con la tercerización de la limpieza pública y la empresa administradora del relleno sanitario “El Zapallal”.
Por último, ¿por qué Perú hasta ahora no ha protestado, como sí lo hicieron Argentina, Ecuador, Paraguay o Uruguay, por la última arbitrariedad de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela?. La ex diputada María Corina Machada, “inhabilitada” administrativamente desde 2014 para ejercer cargo público, es la nueva lideresa de la oposición democrática, elegida en comicios primarios. A través del espurio Tribunal Supremo de Justicia, contraviniendo los Acuerdos de Barbados de 2023 y violando la Constitución de 1999, la dictadura prohibió a Machado presentarse como candidata presidencial para la elección de este año.
El misterioso silencio de Torre Tagle ubica a Perú en la órbita de los regímenes políticos latinoamericanos amigos de la dictadura venezolana. ¿Dónde está el Ministro de Relaciones Exteriores, otro personaje salido de los sectores “de derecha”?, ¿viendo los videos de su hijo o su nuera en la plataforma Onlyfans?, ¿qué opina al respecto el Presidente del Consejo de Ministros?.
Vergüenza de país.
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