Ahora sí

 

El último fin de semana fue tendencia en la red social X (otrora Twitter) un catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

A raíz de los recientes sucesos en el Medio Oriente, donde la teocracia islámica de Irán atacó -por vez primera- con misiles y drones armados territorio de Israel (eficazmente, repelido por el escudo anti-misiles y los aviones de combate israelíes), este catedrático escribió en la red social querer que Irán envíe drones armados para “destruir” el Congreso. De inmediato, los troles “de derecha” se indignaron: indignación que no vimos en 2021 cuando estábamos bajo el incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo y un periodista del diario Trome pidió por la misma red social un “magnicidio presidencial”.

Al margen que ese catedrático hizo apología a la violencia y mostró una ignorancia supina sobre la teocracia islámica iraní (censora, represora y asesina), el mensaje tuvo muchos comentarios favorables. Fuera del ciberespacio, el Congreso es mayoritariamente odiado y repudiado: todas las encuestas de opinión lo indican. Apuesto que si algún sondeo demoscópico medianamente representativo consultase “¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo que el Congreso sea cerrado?”, la gran mayoría de sondeados estaría de acuerdo. Quien escribe también.

¡Qué!. Durante los “conatos de revuelta” y los “focos insurreccionales” que facciones de izquierda radical alentaron tras la sucesión constitucional de 2022, las turbas incendiarias exigían, entre otras peticiones, el “cierre del Congreso”. No obstante, en ese entonces el Congreso tenía casi intacta la “legitimidad de origen” y la “legitimidad de ejercicio”. Hoy no es así: el Congreso se ha llenado de bancadas por las cuales nadie votó (mayoría en la Cámara) y aprobó una esperpéntica reforma constitucional para restablecer la bicameralidad que, ipso jure, anuló la unicameralidad vigente.

Como señalé anteriormente, al haber aprobado esa reforma constitucional (inmoral, porque “se cargó” la voluntad popular libremente expresada en el Referéndum de 2018), el Congreso se ha puesto al margen de la Constitución de 1993 convirtiéndose en un poder público “ilegítimo”. Todas las leyes y resoluciones legislativas a partir de ese momento son “espurias”: nulas. Por tanto, como ha menguado la “legitimidad de origen” y, sobre todo, ha perdido la “legitimidad de ejercicio”, el Congreso podría y merecería ser cerrado.

¿Quién cerraría el Congreso?. Buena pregunta. La Presidenta de la República y su Gobierno no, porque carecen de la fuerza política para hacerlo. ¿Nadie puede detener al Congreso?. Ya hemos visto que malhechores y gandules en el Congreso (no son todos, hay que reiterarlo) se burlan del Ministerio Público y el Poder Judicial, sin mencionar que también éstos han violado la Constitución de 1993. El Tribunal Constitucional ha empezado con interpretaciones raras sobre lo que dice -o no dice- la Constitución de 1993. Ni hablar de los gobiernos regionales y locales.

Institucionalmente, Perú se pudre. ¿Aguantará hasta las elecciones generales de 2026?.