El lento ocaso de la “progresía” limeña

 

¿Usted avalaría sean destituidos un fiscal que hubiese demorado demasiado tiempo para iniciar la investigación de un delito o un juez que, concluido el juicio oral, hubiese tardado mucho tiempo para sentenciar?.

Probablemente, sí. La Junta Nacional de Justicia ha seguido el mismo criterio. Sin embargo, cuando el Congreso pretende acusar constitucionalmente e inhabilitar de la función pública a una conocida fiscal suprema, que fue Fiscal de la Nación un trienio, quien parece pasaba más tiempo en un salón de belleza que en su despacho y fue “complaciente” ante el delito (abría investigaciones y luego las “suspendía”) con los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, la Junta ha pedido “prudencia”. Ciertos juristas hablan de “demolición institucional”. Varios políticos y periodistas pregonan “atentado a la democracia”, “cuasi tiranía” parlamentaria y demás sandeces.

¿Por qué?. Esa dama, quien en 2013 tuvo una polémica designación como fiscal suprema por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, era funcional a los intereses de esas elites venales de la política, la intelectualidad, la academia, el periodismo y el activismo social con el mismo signo ideológico: la “progresía” limeña. Fue la “progresía” limeña quien colocó a esa cuestionable fiscal suprema como Fiscal de la Nación tras haberse “cargado” a varios integrantes de la Junta de Fiscales Supremos alentando la “disputa de poderes” dentro del Ministerio Público, so pretexto de la “lucha contra la corrupción”.

La “progresía” limeña, cuyo papel no fue tan decisivo en la transición hacia la democracia entre 2000 y 2001 como creen “mentecatos” en sectores “de derecha” (no existe ni existió jamás una “república progre” o algo por el estilo), empezó a ganar influencia preponderante a partir de los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczysnki, pero fue con Vizcarra, el psicópata, cuando alcanzó su cenit. La Junta Nacional de Justicia es una creación “progre”, ratificada en el Referéndum de 2018. El “bochinche” de noviembre de 2020 en Lima, alentado desde los grandes medios de comunicación, que “se cargó” el gobierno de Manuel Merino con la sangre de dos jóvenes utilizados políticamente, fue la demostración del avasallador predominio “progre” en la sociedad. No obstante, la “progresía” limeña cometió un gravísimo error: ilusamente, se la jugó por Castillo en la última elección presidencial pensando que le llamaría para gobernar, pero acabó usada y burlada por la izquierda radical.

Desde Castillo en 2021 la hegemonía política y social de la “progresía” limeña está menguando. Ha perdido aliados y cuotas de poder. Sus discursos se oyen “vacíos”, sus conspicuos representantes han perdido credibilidad. Se justifica, se victimiza. Finalmente, es un proceso normal e inevitable. Tarde o temprano, la “progresía” limeña desaparecerá y sus elites conformantes serán sustituidas por otras. Quizá consiga “salvar” a la susodicha fiscal, pero sería una victoria pírrica.    

Creo el lento ocaso de la “progresía” limeña comenzó.