Estupidez política

 

Creo vivimos tiempos de “estupidez política”.

Un primer ejemplo es el viaje que la Presidenta de la República hará hacia China, cuya autorización parlamentaria es “inconstitucional”, aunque al Tribunal Constitucional ya no le importe la letra o el espíritu de la Constitución de 1993. Excepto quienes rechazan que Su Excelencia viaje ahora, no he oído más que elogios desmedidos al periplo en China.

Por supuesto, China es un importante socio comercial e inversionista para Perú, pero para China sólo somos un peón más en su ajedrez geopolítico mundial. ¿Políticos, empresarios o periodistas, realmente, creen que el presidente comunista chino Xi Jinping, quien sueña con vencer a los Estados Unidos en la lucha por la hegemonía global, se despierta todos los días pensando en Perú o le interesa lo que ocurre en este rinconcito del mundo?.

Otro ejemplo de “estupidez política”: el Congreso votó un proyecto de ley para delimitar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra anteriores a 2002 cuando Perú ratificó el Estatuto de Roma, cuya competencia contenciosa corresponde a la Corte Penal Internacional.

Ciertamente, hay un debate jurídico sobre si puede o no aplicarse la categoría de crímenes de lesa humanidad a las masacres ocurridas en el contexto de lucha contra el terrorismo comunista entre 1980 y el año 2000, pero para quienes en el Congreso “ilegítimo” (falta una segunda votación en la Cámara “espuria”) han promovido esta iniciativa el debate es político: la exculpación de militares acusados de asesinatos, torturas, estupro, desapariciones, etc. Si había dudas, el congresista José Cueto lo dejó en claro cuando anunció que después vendría una “ley de amnistía”. ¿Los congresistas promotores creen que las organizaciones de derechos humanos se quedarán tan tranquilas ante esta arremetida de impunidad?, ¿no consideran que los jueces pueden invocar el “control de convencionalidad” y no aplicar esa ley o los amenazarían, como hicieron con los vocales de la Corte Suprema de Justicia, quienes consideraron “inconstitucional” la ley que redujo a un año el plazo de suspensión de la prescripción para todos los procesos penales?.

Un último ejemplo: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene listo un proyecto de decreto supremo para variar la fórmula de cálculo tarifario en los servicios de saneamiento. Ya no incluiría el subsidio estatal a la infraestructura, por lo cual las tarifas de agua potable se duplicarían en Lima y Callao y se triplicarían en el resto del país.

Aunque la disminución del déficit fiscal es necesaria y un sinceramiento tarifario es correcto, creo el Gobierno nacional está subestimando demasiado la reacción social. La ciudadanía está decepcionada, frustrada y furiosa aguantando el costo de la vida y el desempleo causados por la recesión, además de los escándalos políticos y las denuncias por corrupción administrativa. Pocos en la política o la opinión pública parecen percatarse que un “tarifazo” es el seguro detonador para que el país “reviente”.

¡Por Dios, un poco de sensatez política!.