Asesorías y consultorías de la discordia

 

Tal vez oyó sobre la pelea entre la congresista Tania Ramírez y la periodista Juliana Oxenford.

Sin embargo, esa querella empezó semanas atrás cuando el Ministro de Educación reveló a medios de comunicación el excesivo gasto corriente para asesorías y consultorías en dependencias estatales, a lo largo de los últimos diez años. De inmediato, sectores “de derecha” recurrieron a su típico “anti-izquierdismo” y apuntaron con los dedos acusadores a la soberbia y ensimismada “progresía” limeña, cuyos profesionales -y no tan profesionales- suelen desempeñar afanosamente esas asesorías y consultorías para la administración pública.

Desde la década de 1990, como una forma de reducir la burocracia estatal, se extendió en toda la administración pública la práctica de contratar asesores o consultores para labores técnicas, como una forma de mejorar la gestión pública sin incurrir en mayor gasto corriente. Si determinada institución requería contratar un profesional para alguna asesoría o consultoría relacionada con la gestión pública, se le contrataba por un determinado tiempo o por la naturaleza del trabajo, sin incluirlo en la planilla estatal.

Esta práctica no varió con el retorno a la democracia en 2001. No obstante, con el transcurrir de los años se fue formando una “elite” de profesionales -y no tan profesionales- con experiencia en asesorías o consultorías ante la administración pública. Generalmente, egresados de universidades privadas, con alguno que otro estudio de postgrado en el Perú o el extranjero, tendientes a una orientación liberal o socialista. He ahí el germen de lo que hoy podríamos denominar la “progresía” limeña. 

Por desgracia, esta buena idea fue “pervertida”. Creo empezó en 2011 cuando Susana Villarán asumió la Alcaldía de Lima. Villarán, “rojimia”, llevó a la comuna capitalina a buena parte de sus amigos izquierdistas: “progres”, socialistas democráticos y comunistas. Para darles empleo, se crearon asesorías indefinidas para determinada área de gestión pública o esa área solicitaba una consultoría pudiendo contratar gente para ocuparla.

Desde el gobierno de Ollanta Humala las asesorías y consultorías se expandieron. Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el aumento del gasto corriente lo evidencian. A partir del gobierno de Martín Vizcarra en 2018 las asesorías y consultorías se volvieron una “burocracia estatal paralela”. ¿Quieren un ejemplo?. En 2021 el gobierno de Francisco Sagasti contrató a varios intelectuales (una consultoría) para que elaboren un informe sobre qué organizar para las celebraciones por el bicentenario de la Independencia. Fundamentalmente, a causa de la pandemia viral COVID-19 no iba a haber grandes celebraciones, pero esos consultores ya habían cobrado por un informe inútil. Mejor dicho, se creó una necesidad para favorecer económicamente a ciertas personas.

Por supuesto, cada vez que la “progresía” limeña oye sobre reducir o eliminar asesorías y consultorías y salta hasta el techo. Moverá cielo y tierra para impedirlo y, quizá, lo consiga.