Parece la crisis política terminal de la Presidenta de la República y su Gobierno.
El hermano de Su Excelencia ha sido detenido preliminarmente por la Policía Nacional. El Ministerio Público pidió al Poder Judicial la detención por la causa penal que lo involucra en el uso de prefecturas para la formación de un movimiento político. Además, fue detenido el abogado de la Presidenta de la República y esta causa penal la involucraría, pero ella está protegida por la inmunidad presidencial. Esta causa penal es sólo una de varias que Su Excelencia enfrenta: desde violaciones a los derechos humanos hasta corrupción administrativa. Cuando deje el poder estará más empapelada que pared decorada.
Sin embargo, la Presidenta de la República y su Gobierno están cada día más débiles políticamente. No son pocos en la política, los medios de comunicación y la ciudadanía quienes creen que caerá pronto. Incluso hay quienes (especialmente, en sectores “de izquierda”) desean que caiga cuando antes. Ella ha reiterado a través de sus voceros oficiales u oficiosos que no renunciará.
Creo la Presidenta de la República no completará el mandato en 2026: es extremadamente impopular, el empresariado comienza a recelar su Gobierno tan políticamente débil, los medios de comunicación empiezan a criticarla más que antes, aunque en el Congreso “ilegitimado”, porque éste se habría salido de la Constitución de 1993 tras haber aprobada la inmoral y malísima reforma sobre la bicameralidad, todavía no habría el ánimo para “cargársela”. Eso podría variar en el mediano plazo.
Algo sí podría asegurar: quienes desean elecciones generales anticipadas, decepciónense de una vez. No habrá comicios antes de 2026. Simplemente, porque el Congreso “ilegítimo” no lo permitirá. Son las diferentes bancadas de la Cámara “espuria”, tanto de izquierda radical como “de derecha”, quienes en este momento político están detentando el poder ante un Gobierno nacional que “claudicó” en su autoridad: basta la devastadora confesión pública del Ministro de Economía y Finanzas. Los congresistas de esas bancadas no renunciarán al poder, al “cuoteo” político, a algún tipo de “ventajismo electoral” para conseguir senadurías o diputaciones en las elecciones generales de 2026 ni a las grotescas corruptelas hasta el final del mandato parlamentario.
La Constitución de 1993 indica que si la Presidenta de la República (hoy penúltima en la línea sucesoria) renunciase o fuese destituida, asumiría el Presidente del Congreso “ilegítimo”, quien deberá convocar inmediatamente a comicios. No obstante, el texto constitucional no señala cuándo deberían celebrarse esos comicios y si serían generales o sólo presidenciales. Quien ahora presidente la Cámara “espuria” u otro designado podría jurar la Presidencia de la República, recibir la banda y las insignias del mando, firmar el pergamino oficial y promulgar después un decreto supremo convocando a elecciones para ¡2026! e, incluso, ni siquiera convocarlas so pretexto que ese artículo constitucional no está desarrollado legislativamente.
Quienes acarician el deseo que la Presidenta de la República caiga por ene motivos parecen no comprender las implicancias de forzar una quinta sucesión constitucional en seis años ni que el Congreso “ilegítimo” instale un Gobierno interino que nacería “espurio”, encima con la pretensión de durar más de dos años. El afán de ir a elecciones cuando antes podría convertir la crisis política en una crisis institucional e iniciar el desmoronamiento de la democracia restaurada en 2001.
Que Dios
proteja a Perú.
No hay comentarios:
Publicar un comentario