Los sectores “de derecha” en Perú quieren ponerse a tono con sus similares de Europa.
En el Congreso “ilegítimo” existe un proyecto de ley para reformar la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, creada en 2001 y dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, que pronto sería votado en la Cámara “espuria”, pretende controlar, supervisar y fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que gestionen cooperación técnica internacional.
En 2007 hubo una iniciativa similar del gobierno de Alan García, pero no prosperó. Pretendía que la APCI regule la cooperación técnica internacional hacia ONG en cuyas acciones haya participación estatal o cuando el cooperante sea un organismo bilateral o multilateral del cual Perú forme parte. ¿Qué se pretendía?. Evitar que haya ONG buscando cooperación técnica internacional a nombre de Perú por distintas finalidades (educativa, cultural, asistencial, ambiental, etc.), pero acaben fomentando el activismo político. Como asociaciones sin fines de lucro, las ONG siempre han estado sometidas al Código Civil de 1984 y sus integrantes, al fuero penal del Poder Judicial.
El dictamen actual es más ambicioso que la aquella iniciativa de 2007. Contempla que una intendencia especial dentro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) pueda identificar evasión tributaria, mal uso de beneficios tributarios o desbalance patrimonial dentro de las ONG e imponga sanciones administrativas. A su vez, las ONG deberán informar a la APCI si están o no haciendo activismo político (un burócrata definiría qué lo es) con financiamiento de cooperación técnica internacional. Caso contrario, serán sancionadas, desde amonestaciones escritas hasta suspensión del registro oficial. Adicionalmente, las multas serían elevadísimas y podría haber cancelación de la inscripción y registro en la APCI pasando a la “ilegalidad”.
Los críticos del dictamen dicen que Perú se asemejaría a Venezuela, Nicaragua o Rusia, donde existen leyes contra las ONG. En Georgia, una lejana república caucásica, el Parlamento aprobó recientemente una norma parecida, la llamada “Ley Rusa”, incompatible con la normatividad de la Unión Europea. Los defensores, pertenecientes a los sectores “de derecha”, dicen que esta ley frenará el activismo político de ONG que han alentado protestas violentas, hacen apología a la violencia o adoctrinan contra el desarrollo.
Las embajadas de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, los Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Holanda, Gran Bretaña, Suecia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y la representación de la Unión Europea en Lima, todos insignes cooperantes de Perú, han manifestado públicamente “preocupación” por este proyecto de ley que vulnera la libertad de asociación. Los sectores “de derecha” entonces han apelado a un viejísimo recurso político: el patrioterismo. Han gritado “injerencia extranjera” y exigen a los congresistas aprobar el dictamen para detener a las “fuerzas del globalismo”.
Creo a estas alturas usted puede percatarse quién es quién en esta polémica, por más que los sectores “de derecha” busquen prestigiarse algo con sus amigos extranjeros, como el euro-diputado español Hermann Tertsch (no lo soporto desde que insultó a su compatriota, el economista Juan Ramón Rallo) o el escritor argentino Agustín Laje.
Lo siento,
pero la gran mayoría de peruanos y peruanas no votamos en 2021 por una “lucha
anti-globalista” o una “batalla cultural” contra el “globalismo”.
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