Desde la Revolución de 1894 hasta el golpe de estado de 1919, la “República Aristocrática” fue el régimen político censitario de la oligarquía terrateniente aliada a inversionistas extranjeros en los rubros de agro-exportación, minería, finanzas y comercio.
La expresión política de esa oligarquía fue el Partido Civil, fundado en 1871, pero que se fue apoderando de todos los resortes del poder: Supremo Gobierno, Congreso, judicatura, Junta Electoral Nacional y alcaldías. Aunque el régimen político toleraba una oposición, los comicios no eran libres. Triquiñuelas electorales, incluida la existencia de los “capituleros”, permitían el constante falseamiento de la voluntad popular. Bajo la Constitución de 1860, este régimen político permitió, por primera vez en la historia de Perú, un traspaso constitucional, sucesivo y ordenado en la Presidencia de la República. A su vez, la economía peruana era patrimonialista. La propiedad privada y la libertad de empresa eran relativas, en función a los intereses de la oligarquía. Tampoco el comercio exterior era libre, porque se manipulaban aranceles de importación para esos intereses. Eso provocó la concentración de la riqueza y una fuerte desigualdad social.
A partir de 1912, la República Aristocrática empezó a “crujir”. El ascenso del demagogo Guillermo Billinghurst al poder fue la primera campanada de alerta. Una emergente burguesía fabril o comercial y un incipiente proletariado urbano desafiaban el régimen oligárquico. Con el golpe de estado de 1914 y la caída de Billinghurst, la oligarquía respiró aliviada, pero la creciente convulsión social y el fermento revolucionario de inspiración europea condujeron a la dictadura de Augusto Bernardino Leguía en 1919.
Leguía significó, en cierta medida, el ascenso político de esa emergente burguesía fabril o comercial y ese incipiente proletariado urbano. Por eso la oligarquía celebró su caída en 1930. A partir de entonces buscó recrear el régimen político perdido a través de distintos “hombres fuertes” a quienes apoyaron: el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, el general Oscar Benavides y el general Manuel Odría. Las Fuerzas Armadas fueron las mejores aliadas de esa oligarquía. Ante la transformación económica y social en el país, cuya primera expresión política fueron el APRA y el Partido Comunista, los militares se endurecieron para impedirla. Cuando ocurrió el golpe de estado de 1968 y la dictadura del general Juan Velasco Alvarado, la oligarquía aplaudió, porque pensó que era otro espadón más quien podría defender sus intereses. Nunca pensó que la Revolución de las Fuerzas Armadas la liquidaría.
La oligarquía desapareció, pero sus remanentes y cierta mentalidad oligárquica continuaron. Fueron esos remanentes, constituidos en cierto empresariado, quienes aplaudieron el golpe de estado del 05 de abril de 1992, la dictadura de Alberto Fujimori y las reformas de mercado. Sin duda, fue una época que benefició al empresariado y, posiblemente, hizo soñar a esos remanentes oligárquicos con recrear el régimen político perdido. La caída de Fujimori y la transición hacia la democracia en 2001 cambiaron los planes. Quizá participar en elecciones libres no era malo, pero desde 2016 el sueño por esa “República Aristocrática” perdida comenzó a renacer. El gobierno de Dina Boluarte ha sido la oportunidad dorada para que esos pocos remanentes oligárquicos, bajo las banderas de distintas marcas partidarias “de derecha”, rechacen toda posibilidad de convivir en un régimen democrático y estén más decididos -o desesperados- que nunca a fundar un nuevo régimen político, que no es otra cosa que una vuelta al pasado.
Si no entendemos
de dónde venimos, no sabremos hacia dónde vamos.
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