No a los clausuradores ("ESPECIAL")

 

Sintonicé la televisora privada Willax un domingo pasado y vi una entrevista al Alcalde de Miraflores furioso. Días antes había un oficio criticando al Congreso por el debate de un proyecto de ley que, según el burgomaestre, atenta contra la “autonomía municipal” y los “derechos de los vecinos”.

La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen del proyecto de ley para “garantizar las libertades de empresa y comercio”, conforme señala la Constitución de 1993. Hechura del abogado Jorge Lazarte y su ONG Integridad, el proyecto de ley, que cuenta con el respaldo de los gremios empresariales, debe debatirse en la Cámara para su aprobación. ¿Por qué esta iniciativa legislativa?.

Desde la Ley Orgánica de Municipalidades de 2002, los gobiernos locales han abusado de su capacidad fiscalizadora. Si un establecimiento comercial violaba alguna ordenanza o resolución, se procedía a la clausura y el cobro de una multa. Pagaba la multa, el negocio podía reabrir. En el pasado, cuando los propietarios o administradores consideraban que la clausura había sido injustificada, interponían acciones de amparo (irregularmente) ante el Poder Judicial. Por lo general, la vía judicial es engorrosa y larga. Es más “tentador” recurrir a la corrupción administrativa: un funcionario venal a quién sobornar para reabrir ilegalmente.

Se ha impuesto en los gobiernos locales un afán expoliador. Victimas de esa expoliación son los establecimientos comerciales. Por desgracia, muchos gobiernos locales envían a sus fiscalizadores a buscar “tres pies al gato”, la “sin razón”, con el propósito de clausurar e imponer multas. En algunos casos, el negocio subsana las observaciones, pero le impiden abrir hasta que no pague la multa. En otros casos, subsana observaciones, paga la multa, pero los fiscalizadores encuentran nuevas “observaciones” y vuelven a clausurar. También existen casos cuando los fiscalizadores dicen al propietario o administrador que pague la multa y después subsane. Reabre y los fiscalizadores regresan a clausurar para volver a cobrar multa. Al final, todo es por la multa.

Como los gobiernos locales casi nunca actualizan sus textos únicos de procedimientos administrativos (ilegalidad, por cierto), propietarios o administradores de negocios están a merced del capricho de los fiscalizadores, que -a veces- buscan intencionalmente que “los corrompan”. En Lima Metropolitana, muchos alcaldes posesionados el primero de enero han entrado con un ánimo de clausurar. Si pensase mal, creería que estos burgomaestres quieren recuperar el dinero que gastaron en sus campañas electorales. Por si alguien cree que el proyecto de ley de Lazarte es para defender determinados negocios, se equivoca. Ya los gobiernos locales no creen en nadie: clausuran desde bodegas, panaderías o restaurantes hasta centros comerciales, supermercados o fábricas.

¿Qué persigue el proyecto de ley de Lazarte?. El gobierno local fiscalice, imponga multa cuando sea necesario, pero clausure como último recurso. La clausura no es un juego: ocasiona pérdidas económicas y afecta el trabajo de muchos empleados u obreros. En la entrevista el Alcalde de Miraflores (“de derecha”) repetía que el proyecto de ley no ha sido “conversado”. ¿Qué vamos a conversar?, ¿la arbietrariedad?. La Constitución (de 1993) se cumple o no, punto.

Ignoro si este proyecto de ley será aprobado o no, pero los alcaldes debieran tener presente que el descontento ciudadano contra el sistema político también los alcanza a ellos.