Claudicación

 

A través de una conocida radioemisora privada, el Ministro de Economía y Finanzas anunció que el Gobierno nacional no observaría la ley aprobada que permite un séptimo retiro de fondos en el Sistema Privado de Pensiones.

El Ministro de Economía y Finanzas dijo no estar de acuerdo con la ley, porque desnaturaliza la función previsional de los fondos de pensiones, afectará al mercado de capitales y, sobre todo, dejará a muchos aportantes con poco o nada de dinero para la jubilación. Sin embargo, dijo que es una “batalla perdida” con el Congreso, porque (creo tiene razón) si el Gobierno nacional observase la norma y la devolviese al Congreso, muy probablemente, los congresistas insistirían y él quiere la aprobación del pedido de delegación de facultades legislativas en materia tributaria. De hecho, la ley ha sido promulgada por la Presidenta de la República.

Aunque la ley requiere reglamentación por la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministro de Economía y Finanzas cree que los aportantes de mayor edad no retirarán dinero (tras siete retiros anteriores, quienes necesitaban retirar dinero hace rato retiraron) y serán los aportantes jóvenes quienes lo harán. No obstante, detengámonos en el mensaje político implícito en aquella declaración: inédita desde el retorno a la democracia en 2001.

Durante los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y hasta Ollanta Humala cuando una ley aprobada por el Congreso era observada, generalmente, el Congreso se allanaba a las observaciones. Pocas veces insistía. Por eso se solía afirmar en la opinión pública que el Poder Ejecutivo “hacía de Senado”. El Tribunal Constitucional también “hacia de Senado” revisando leyes consideradas inconstitucionales. Todo empezó a cambiar a partir de 2016 y se ha agravado en los últimos cuatro años. Actualmente, al Congreso no le interesan las observaciones presidenciales. Insiste y punto.

Por eso la relevancia política en las palabras del Ministro de Economía y Finanzas: nos está diciendo que el Gobierno nacional “claudicó” su autoridad, que en este momento la Presidenta de la República “no gobierna” sino el Congreso. Nadie ha votado en las ánforas un cambio del tradicional “presidencialismo atenuado” hacia un grosero “parlamentarismo de facto”. ¿Alguien se ha percatado de las implicancias de tamaña claudicación?.

Por ejemplo, el empresariado, uno de los soportes políticos de la Presidenta de la República y su Gobierno, podría comenzar a creer que daría igual si ella renunciase o no y, finalmente, que la única solución a esta descomposición institucional sería un proceso constituyente.

Según las palabras del Ministro de Economía y Finanzas, la Presidenta de la República está declinando la poca legitimidad que la Constitución de 1993 todavía le otorga (ella y su Gobierno también la han violado) en favor del Congreso “ilegítimo”, cuyas decisiones que apruebe son “espurias”, porque estaría al margen de la Constitución de 1993 desde la aprobación de la inmoral y malísima reforma constitucional para restablecer la bicameralidad.

Peligroso.