El Alcalde de Lima, conspicuo líder en sectores “de derecha”, anunció que quiere “empadronar” todos los taxis colectivos en la ciudad capital.
Los taxis colectivos son vehículos privados (sedanes, station wagon o micro buses) que recorren tramos transitados de avenidas o carreteras complementando al transporte público de pasajeros. Es un servicio malo y hasta peligroso. En 2021 el Congreso aprobó una ley para “formalizarlo” en la red vial nacional. En su momento el gobierno de Francisco Sagasti presentó acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero no fue aprobada. Actualmente, un congresista de izquierda radical promueve un proyecto de ley para hacer lo mismo, pero en Lima y Callao.
De inmediato, los grandes medios de comunicación han puesto grito al cielo. Dicen que el Alcalde de Lima y el Congreso “sabotean” a la ATU, la autoridad autonómica para el transporte en Lima y Callao. Alegan que hay "intereses mercantilistas" para “cargarse” la tantas veces cacareada “reforma del transporte”, una noción que data de cuando Susana Villarán fue Alcaldesa de Lima entre 2011 y 2015. Sin embargo, no escucho ninguna crítica a la ATU.
Hace menos de un mes, uno de los corredores viales, el llamado “Corredor Amarillo”, dejó de operar. Supuestamente, por discrepancias entre la ATU y el consorcio operador. En 2020 había dejado de operar otro corredor, el llamado “Corredor Verde”, a poco tiempo de haber empezado a funcionar la ATU. También estarían en peligro de suspensión el “Corredor Morado”, operado por tres consorcios, y el “Corredor Azul”, operador por un solo consorcio. Sólo quedaría el “Corredor Rojo”, operado también por un solo consorcio.
Los corredores viales complementarios fueron licitados en 2013 por la administración de Villarán como parte del “sistema integrado de transporte” de Lima. Era un plan muy ambicioso, donde también iba a estar compuesto por “corredores de integración”, “rutas de aproximación” y “rutas no-atendidas”. Hablamos de servicios troncales y alimentadores con más de un centenar de rutas provistas por consorcios, que operarían buses modernos, amplios y ecológicos, donde se cobraría una tarifa plana y los choferes ganarían un salario y tendrían beneficios sociales. La entonces Gerente de Transporte Urbano preside hoy la ATU.
En 2015 la Municipalidad Metropolitano de Lima anuló parte de las licitaciones públicas de los corredores viales complementarios y renegoció sus contratos de concesión. Ese mismo año el INDECOPI determinó que no hubo “competencia efectiva” en las licitaciones públicas de los corredores y que se buscó beneficiar unos postores sobre otros. Ese sólido informe técnico fue suficiente para que la comunica capitalina enterrase definitivamente el alucinante plan. Al final, quedaron los coloreados corredores, cuyo servicio también es malo: pocos buses, baja afluencia, pasajeros apretujados, demasiado tiempo de espera en los paraderos. No obstante, no hemos oído indignadas voces altisonantes al respecto. ¿Por qué?.
Toda la noción de “reforma de transporte” está politizada. Desde la época de Villarán, si usted osaba criticar la mentada “reforma”, estaba junto a sectores “de derecha” defendiendo a los transportistas mercantilistas y el desorden en Lima. Además, quienes defienden la “reforma de transporte” no abordan un vehículo de transporte público desde sus años mozos. No les interesa realmente los pasajeros sino las preferencias políticas o los intereses particulares.
Quien
escribe está con los pasajeros y nadie más.
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