Parece que en la soberbia y ensimismada “progresía” limeña, esas (aún) influyentes elites políticas, intelectuales, académicas y artísticas, gusta de “chapotear en sangre”.
Hace buen rato que desde el diario La República o sitios web como La Mula, Epicentro u Ojo Público se está intentado utilizar políticamente las violentas protestas en distintos lugares del país ocurridas tras la caída del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo el 07 de diciembre de 2022 para atacar políticamente a la Presidenta de la República y su Gobierno.
Recordemos que después de la fallida intentona golpista de aquel día, varias facciones de izquierda radical desataron violentas protestas callejeras en varios departamentos del país. Había también azuzadores del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), heredero ideológico del terrorismo comunista de Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990. Movilizaron masas que usaron como “carne de cañón” para bloquear carreteras de acceso a las ciudades, atacar comisarías de la Policía Nacional, vandalizar sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial, alentar saqueos en establecimientos comerciales, apedrear instalaciones de medios de comunicación, agredir reporteros, destruir infraestructura estratégica y apoderarse de los aeropuertos. En las hemerotecas están guardadas las grabaciones con las imágenes de Ayacucho, Cusco o Puno. Fueron auténticos “conatos de revuelta” y “focos insurreccionales”, reconocidos hasta por viejos “rojos”, como el ex senador Rolando Breña Pantoja. No olvidemos las frustradas “tomas de Lima”, que acabaron en salvajismo contra el Centro Histórico de la ciudad capital.
¿Recuerdan cuáles fueron los reclamos para estas violentas protestas?. La renuncia de la Presidenta de la República (los manifestantes no reconocían la sucesión constitucional de 2022), el cierre del Congreso, la instalación de una Junta de Gobierno y el inicio de un proceso constituyente. Apelando al Estado de Emergencia, el Gobierno nacional encargó a las Fuerzas Armadas el restablecimiento del orden público. Por desgracia, costó vidas y los promotores de las violentas protestas nunca asumieron responsabilidad alguna.
¿Qué pretendería ahora la “progresía” limeña?. Reescribir la Historia para vendernos la idea que los militares dispararon contra inocentes civiles, quienes sólo “salieron a protestar”, porque no estaban de acuerdo con la Presidenta de la República y su Gobierno. Por eso las constantes alusiones a “los muertos”, “los asesinatos” o “la represión”, romantizando -otra vez- la violencia con fines políticos, como sucedió en noviembre de 2020 con el “bochinche” callejero en el Centro de Lima, cuando fallecieron dos jóvenes, que “se cargó” el gobierno de Manuel Merino.
Un par de asociaciones defensoras de los derechos humanos (izquierdosas, por supuesto) pretenden presentar una denuncia contra la Presidenta de la República y su Gobierno ante la Corte Penal Internacional. Quizá conociendo que no prosperará, porque el Estatuto de Roma exige agotar primero la justicia nacional para recurrir después a la supranacional. Están jugando con el dolor y las esperanzas de las familias de quienes murieron con el único propósito político que motiva hoy a la “progresía” limeña: la caída de la Presidenta de la República para tener un Gobierno interino que convoque a elecciones generales anticipadas.
Las familiares de quienes fallecieron tiene derecho a buscar justicia si consideran que ellos no debieron morir en aquel contexto y aquellas circunstancias y deben ser fiscales y jueces los encargados de administrarla. Utilizar políticamente la muerte de personas es vil y despreciable.
Es “chapotear en sangre”.
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