El periodista Gustavo Gorriti está en el ojo de la tormenta. Un posible aspirante a colaborador eficaz en la última trama de corrupción judicial descubierta lo señala.
Según el susodicho, Gorriti habría “manipulado” a los fiscales superiores especiales que aún investigan el “escándalo Odebrecht”, la mega-corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht entre 2005 y 2014, el cual tuvo repercusiones telúricas en la vida política peruana.
Muchos colegas cerraron filas detrás Gorriti. La ONG Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) defendió públicamente a Gorriti dudando de las declaraciones del posible aspirante a colaborador eficaz. Políticos e intelectuales “de izquierda” también han defendido públicamente a Gorriti, a quien consideran “el mejor periodística de Perú”. Por su parte, el propio Gorriti no ha querido declarar al respecto limitándose a repetir que muy pronto “romperá su silencio”.
Gorriti y su equipo de investigación periodística IDL-Reporteros ganaron notoriedad durante los años cuando cada semana o inter-diario aparecían más revelaciones sobre el “escándalo Odebrecht”, que mancharon la imagen y la honorabilidad de muchas personas (poquísima gente ha sido juzgada y sentenciada), o la “operación Lava Jato”, relacionada a otras empresas constructoras brasileñas, proveniente de Brasil. En ese tiempo, IDL-Reporteros siempre tenía las primicias judiciales que reproducían los grandes medios de comunicación sobre el “escándalo Odebrecht” y la “operación Lava Jato”. Para cualquier ducho en el mundo periodístico, era evidente que Gorriti e IDL-Reporteros tenían sus fuentes de información dentro del Ministerio Público.
A su vez, IDL-Reporteros celebraba todo abuso y despropósito cometidos en esa “lucha anticorrupción” que, supuestamente, lideraban esos fiscales especiales, quienes todo veían “lavado de activos” y que fueron desde violatorios a la ley hasta faltos de criterio jurídico. En la vorágine del devenir político nacional, la estrella de Gorriti e IDL-Reporteros empezó a apagarse. Un solo reportaje denunciando la negligencia sanitaria del nefasto gobierno de Martín Vizcarra en 2020 durante la pandemia viral COVID-19. En los dieciséis meses del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo, salvo el caso sobre ascensos irregulares en la Policía Nacional, IDL-Reporteros estuvo extrañamente mudo. Si alguien visitaba el sitio web del equipo periodístico, no había nota informativa que no fuese sobre “Odebrecht” o “Lava Jato”.
A diferencia de quienes defienden (fanáticamente) a Gorriti, estas revelaciones sobre la influencia de IDL-Reporteros en el Ministerio Público y, también, en el Poder Judicial no son una polémica sobre los alcances de la “libertad de expresión”. Ni siquiera sobre el ejercicio periodístico y la opinión pública. No, es un debate del por qué los periodistas no deben ser amigos de políticos o magistrados. Es un debate de por qué un periodista no puede volverse un activista político.
Es un
debate por la objetividad, la verdad y la ética en el periodismo.
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