Sobrevivientes constitucionales ("ESPECIAL")

 

Los sectores “de derecha” dentro y fuera del impopular e “ilegítimo” Congreso están furiosos.

Tras meses de postergación, el Tribunal Constitucional rechazó la acción de competencias que el Congreso interpuso contra el Poder Judicial, porque éste aceptó la acción de amparo que repuso a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia removidos por el Congreso.

Quien escribe estuvo de acuerdo con la remoción de esos dos integrantes de la Junta Nacional. No estuve de acuerdo que el influyente abogado defensor de ambos presentara una acción de amparo, lograse que el Poder Judicial los restituyera y éstos siguieran firmando resoluciones de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso interpuso recurso de agravio constitucional para llevar el caso al Tribunal Constitucional. La defensa legal interpuso recurso de casación esperando un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Quien escribe prefiere que este caso se resuelva pronto antes de seguir torciendo más el imperio de la ley y pervirtiendo más las instituciones.

Este mes los sectores “de derecha” en el Congreso aprobaron algunas enmiendas (varias violan la Constitución de 1993) al Código Procesal Constitucional de 2021. Dos son significativas: el cambio del control difuso de la constitucionalidad, que le quita atribuciones al Poder Judicial, para convertirlo en “control concentrado” únicamente en el Tribunal Constitucional. Además, se modificó el número de votos necesarios en el Tribunal Constitucional para que colegiado de siete magistrados decida con cuatro votos, en vez de los cinco actuales.

A un día de haber enviado la autógrafa de ley a la Presidenta de la República, el Tribunal Constitucional falló en contra con cuatro votos, mientras los otros tres facilitaron quórum para la sesión y después se fueron. El abogado Omar Cairo, defensor legal de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia removidos y restituidos, “progre” y conocido por sus alucinantes teorías jurídicas, dijo que “habría esperanzas en salvar algo de institucionalidad” en Perú.

Nombrados por el Congreso en 2022, la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional son “de derecha” y, para vergüenza de sus investiduras, la mayoría de los magistrados ha sido funcional a los intereses políticos de los sectores “de derecha” dentro y fuera del Congreso, sin importarles violar (descaradamente) la Constitución de 1993. No creo en esta repentina “epifanía institucionalista” de esos magistrados constitucionales. Especialmente, la Presidenta del Tribunal Constitucional, quien se estrenó llamando públicamente a violar la Constitución de 1993 y ahora afirma que a los dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia se les violó el “debido proceso”.

¿Qué está sucediendo?. Esos cuatro magistrados constitucionales que fallaron contra el Congreso empiezan a percibir que pronto “el viento soplará en otra dirección”. La Presidenta de la República es casi unánimemente repudiada y su Gobierno se hunde en el descrédito. Las posibilidades que ella caiga y no acabe el mandato en 2026 aumentaron. Por su parte, el Congreso es percibido -con justa razón- por casi toda la ciudadanía como un sitio más inmundo y estercolero que una cloaca hedionda. Si Su Excelencia cayese, arrastraría con ella al putrefacto Congreso. Cada vez más estamentos de la sociedad cierran filas contra ellos. Es políticamente más conveniente alejarse todo lo posible de tanta toxicidad.

A quien escribe no le sorprendería que estos magistrados constitucionales, ahora vestidos de “institucionalistas” posteriormente vuelvan a violar la Constitución de 1993 avalando el cierre del Congreso o el inicio de un proceso constituyente.