La crisis diplomática entre Perú y México por el asilo político a la ex congresista Betssy Chávez, en juicio penal por su implicación en la intentona golpista del 07 de diciembre de 2022, continúa escalando.
El “porno-filo” Presidente de la República y el Gobierno interino anunciaron que NO entregarían, por ahora, el salvoconducto para que Chávez salga de la embajada mexicana en Lima y aborde un vuelo comercial hacia México, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha ratificado en el asilo. La asilada seguirá en el recinto de la embajada, sin posibilidad de salir.
Con excepciones, los sectores “de derecha” que sostienen el Gobierno interino cerraron filas respecto al asilo: no al salvoconducto. El “porno-filo” Presidente de la República recurrió a una propuesta del congresista Edward Málaga-Trillo (el Ministro de Relaciones Exteriores está pintado en la pared): posponer la decisión sobre el salvoconducto todo el tiempo posible, al mismo tiempo que planteará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) enmiendas a la Convención de Caracas de 1954 que regula el derecho de asilo.
El asilo es una práctica muy latinoamericana (no existe en los Estados Unidos o Europa) y el caso de Betssy Chávez, pese a las diferencias en circunstancias y contexto, se asemeja al caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder fundador del APRA.
Tras el golpe de estado de 1948 la dictadura del general Manuel Odría pidió a sus consejos de guerra el enjuiciamiento a Haya de la Torre. Lo acusaba de haber estado involucrado en la rebelión de marinería en el Callao aquel año. Haya de la Torre había sido acusado y procesado penalmente. Antes que un juez ordenase su encarcelamiento, ingresó a la embajada colombiana en Lima y solicitó asilo político a Colombia. El gobierno de Mariano Ospina Pérez concedió el asilo y solicitó a Perú el salvoconducto. Odría, quien entonces era un visceral anti-aprista y espoleado por la entonces oligarquía que odiaba rabiosamente al APRA, rechazó el asilo y rehusó conceder el salvoconducto. Sin embargo, la correspondencia diplomática continuó y varios meses después Perú y Colombia acordaron elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Finalmente, la Corte falló en 1950 por casi la totalidad de sus magistrados que Colombia no estaba obligada a entregar ante Perú a Haya de la Torre. Al año siguiente, en la revisión de la sentencia, la Corte determinó que Perú nunca pudo probar el delito común (no delito político) que, supuestamente, Haya de la Torre había cometido en 1948.
Haya de la Torre permaneció cinco años dentro de la embajada colombiana en Lima. Recién en 1954 Odría le otorgó el salvoconducto. A partir del caso de Haya de la Torre, ese mismo año fue aprobada y firmada la Convención de Caracas. Políticamente, el asilo a Haya de la Torre y la negativa inicial a concederle el salvoconducto fue un fiasco para Odría y la oligarquía anti-aprista. El encierro del líder fundador del APRA en una legación diplomática durante años sólo alimentó la mística de sacrificio de los apristas.
El
“porno-filo” Presidente de la República y los sectores “de derecha” no podían
haber sido más torpes. En vez de deshacerse del problema con el salvoconducto y
que Chávez se vaya rápido a México, ella permanecerá en la embajada mexicana como
el ejemplo viviente de una “persecución derechista” en Perú contra los sectores
“de izquierda”. Gracias.
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