Enemigos del pueblo

 

Frase típica de los marxistas, que -desgraciadamente- puede utilizarse para calificar al Gobierno nacional y el Congreso.

Cuando había transcurrido un par de días desde el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ministro de Educación, quien había ido a Piura para conferenciar sobre la propuesta de la pena de muerte esbozada recientemente por la Presidenta de la República, una reportera del diario La República lo interceptó y le preguntó por las varias decenas de fallecidos en las violentas protestas callejeras ocurridas tras la caída del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo el 07 de diciembre de 2022.

Debemos recordar que durante cuatro meses estallaron en el país “conatos de revuelta” y “focos insurreccionales” alentados por las facciones más extremistas de la izquierda radical. Turbas que bloquearon carreteras, atacaron comisarías policiales, promovieron saqueos, destruyeron sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial e intentaron asaltar aeropuertos. Personas utilizadas como “carne de cañón” por el “rojerío” más incendiario que exigía la renuncia de Su Excelencia, el cierre del Congreso, la instalación de una Junta de Gobierno y el inicio de un proceso constituyente, que debieron ser duramente reprimidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Cuando la reportera preguntó al Ministro de Educación por qué el Gobierno nacional no ha dicho algo sobre las muertes en las violentas protestas callejeras de 2022 y 2023, éste respondió que “Los derechos humanos son para las personas, no para las RATAS”. Después dijo que lo habían “malinterpretado”. Sin embargo, fue una respuesta vil y miserable, indigna de un alto funcionario público, que “deshumaniza” a los muertos y justifica sus muertes. Una respuesta insultante hacia los familiares de esos fallecidos y una respuesta humillante hacia la sociedad. La Presidenta de la República ni el Presidente del Consejo de Ministros dijeron algo al respecto.

También el impopular e “ilegítimo” Congreso sería un “enemigo del pueblo”. Una reciente enmienda al Código Penal de 1991 y el Código Procesal Penal de 2004 ha eliminado la figura procesal de la “detención preliminar”, excepto para delitos flagrantes. Su Excelencia no observó la autógrafa de ley. A partir de la promulgación, todos los detenidos preliminarmente en no-flagrancia debían ser excarcelados. Tan escandalosa fue la enmienda que el último día de sesión plenaria, la Cámara la derogó.

A su vez, otra enmienda al Código Penal de 1991, la Ley de Carrera Judicial de 2008 y la Ley de Carrera Fiscal de 2016 ha “criminalizado” a fiscales y jueces que no orden prisiones preventivas a (supuestos) criminales capturados por la Policía Nacional reduciendo la autonomía decisoria de la magistratura y socavando el sistema de administración de justicia: la última columna que impide el derrumbe de la democracia restaurada en 2001. ¿A quiénes favorecen estas leyes anti-jurídicas?. A la ciudadanía, no.

No creo exagerar ni disentir, pero Perú está siendo (des)gobernando por genuinos “enemigos del pueblo”.