Putrefacción

 

La putrefacción de la democracia restaurada en 2001 está empezando a pudrir la sociedad.

En todo el país es conocida la tragedia ocurrida en Trujillo, donde el techo metálico del patio de comidas de un gran centro comercial se desplomó. Seis personas murieron, incluido niños, y ha habido docenas de heridos. Evidentemente, hubo una falla estructural en la edificación. Hay investigación de fiscalía y deberemos esperar las conclusiones que establezcan responsabilidades individuales administrativas o penales.

Sin embargo, políticos, activistas políticos declarados o activistas políticos disfrazados de periodistas (el peor espécimen social) están vomitando una demagogia nauseabunda, que sólo denigra a las víctimas y sus familiares. La marca del centro comercial pertenece a la división retail de uno de los más importantes grupos empresariales del país. El Alcalde de Trujillo (a quien nadie ha votado en elecciones) ha presentado denuncia penal contra los altos ejecutivos del holding, como si ellos fuesen los responsables del siniestro. En los medios de comunicación y las (malditas) redes sociales se pide cárcel para esos ejecutivos, como si las investigaciones hubieran concluido, hubiese habido juicio penal y faltara cumplir la sentencia. A su vez, el cínico Presidente del Consejo de Ministros señaló a los directivos de la cadena de centros comerciales como “responsables” de la tragedia. Además, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha clausurado indefinidamente todo el centro comercial y no le importa revocarle la licencia de funcionamiento afectando a decenas de establecimientos comerciales y dejando sin empleo a cientos de trabajadores.

Mientras tanto, numerosos alcaldes en Lima y otras ciudades se han ido contra la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento de 2007 y la Ley de Clausuras Municipales de 2023. Según ellos, esas normas son culpables de no haber permitido a los gobiernos locales “fiscalizar” el funcionamiento de los centros comerciales. No obstante, varias municipalidades se han apresurado a realizar inspecciones técnicas y clausurar temporalmente varios centros comerciales en el país, por lo cual es un pretexto que “no pudieran fiscalizar”.

En realidad, a la gran mayoría de alcaldes, regidores, gerentes o subgerentes no les interesa cumplir las normas. A ellos sólo les interesa cómo expoliar a la ciudadanía. Las licencias de funcionamiento, los certificados de Defensa Civil, las declaratorias de fábrica, etc., se trafican: hay compradores y vendedores. Además, las clausuras municipales son un “mecanismo extorsivo” que utilizan muchos gobiernos locales para recaudar dinero a través de las multas administrativas. Posiblemente, la corrupción administrativa es la causa última de la tragedia en Trujillo, pero no sólo viene de quien corrompe sino también de quien desea ser corrompido.

El politólogo marxista Carlos León Moya tiene razón: Perú se está “desplomando”. Sí, porque el sistema político está podrido y lo está pudriendo todo. Lentamente, el hedor de la putrefacción nos hará la vida insoportable en esta tierra.