Una noticia judicial ha sido poco resaltada por los medios de comunicación.
El Poder Judicial condenó a trece militares retirados, quienes violaron sexualmente a nueve mujeres campesinas de Huancavelica, entre 14 y 25 años de edad, durante 1984 y 1985, en el contexto de lucha contra el terrorismo comunista de Sendero Luminoso. Estos antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas, entonces destacados a las bases antisubversivas de Manta y Vilca, fueron condenados a penas entre 6 y 12 años de cárcel.
En 2004 el Ministerio Público inició investigación y en 2009 acusó a los trece militares retirados. En la acusación fiscal estos delitos contra la libertad sexual fueron categorizados como “crímenes de lesa humanidad”, por lo que no prescribieron. Estos casos fueron documentados en el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y corroborados con pericias de antropología forense y psicológicas.
Los testimonios son desgarradores: esos hombres creían “tener derecho” sobre esas mujeres y mediante engaños o amenazas consumaron violaciones individuales o grupales, mientras las tildaban de “terrucas”. Los acusados no acudieron a la audiencia para escuchar las sentencias: sólo enviaron a sus abogados. La fiscalía apeló, porque considera bajas las penas. Sin embargo, están conformes al Código Penal de 1924, vigente entonces. Para los condenados, hoy sexagenarios o septuagenarios, llevarlos a la cárcel equivale a una “sentencia de muerte”.
¿Por qué resaltó la noticia?. Primero, porque las violaciones a mujeres campesinas NO tienen justificación alguna en el contexto de la lucha antiterrorista. No son “excesos”, como decía el difunto abogado Eugenio D'Medina Lora y creen mayoritariamente en sectores “de derecha”. Habría que ser una persona cruel y despreciable para justificar que un integrante de las Fuerzas Armadas, heredero de nuestros máximos héroes patrios, el almirante Miguel Grau y el coronel Francisco Bolognesi, someta a una mujer campesina para poseerla. No. Sería igual que cuando el dictador soviético Iósif Dzhugashvili, alias Stalin, justificó que los soldados rojos violasen mujeres alemanas durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial.
También resalto la noticia, porque aún hay casos de asesinatos, desapariciones, torturas o estupros, cometidos tanto por militares como por senderistas (la masacre de Soras en 1984, por ejemplo), pendientes de justicia. Estos casos quitan la “heroicidad” a los años de la violencia terrorista entre 1980 y el año 2000 que desean en sectores “de derecha” para mostrarla cómo realmente fue: una tragedia nacional. Por eso el “odio derechista” al Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pese a que pocos lo han leído. Ni siquiera la versión resumida, que hace varios años estuvo a la venta.
Uno de los tres pilares de la transición hacia la democracia en 2001 (¿quién la recuerda hoy?) fue la justicia: sanción a quienes habían delinquido en el pasado reciente para que estos actos aberrantes NUNCA más vuelvan a ocurrir.
Por
fortuna, no todo estaría perdido en Perú.
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