Epitafio constitucional

 

Hasta algunos años atrás, solamente, las diferentes facciones de izquierda radical pedían una nueva Constitución. El resto del espectro político-ideológico, no.

Al final de cuentas, aunque la Constitución de 1993 fue parte del proyecto político de la dictadura de Alberto Fujimori, había servido para hacer la transición hacia la democracia en 2001 y varios gobiernos nacionales, varios parlamentos y el proceso de descentralización se habían regido con este texto imperfecto. Hubo algunas iniciativas de reforma a la Constitución de 1993. La más reiterada era el restablecimiento de la bicameralidad, como hubo hasta 1992.

Todo cambió con el Referéndum de 2018. Aunque las cuatro reformas constitucionales fueron sometidas a las ánforas y la ciudadanía se expresó libremente a favor o en contra, éstas no fueron el producto de un debate plural y alturado sino la imposición de una parte sobre otra: el nefasto gobierno de Martín Vizcarra al impopular Congreso, que acabó “cargándose” el 30 de septiembre de 2019. A partir de entonces, la Constitución de 1993 dejó de ser el “pacto” regulador entre los individuos en la sociedad y entre la sociedad y el poder público para convertirse en un “instrumento político” más. Esta práctica ha aumentado en los dos últimos años.

Todas las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso los dos últimos años no han sido producto de un debate plural y alturado sino el ejercicio arrollador de una mayoría circunstancial para fines políticos de corto o mediano plazo. Esas reformas malhechas -incluso mal redactadas-, además de la constante aprobación de leyes inconstitucionales, están convenciendo paulatinamente a quienes no les interesaba una nueva Constitución que la Constitución de 1993 es “insalvable”, porque ya no garantiza certidumbre y estabilidad. Así parece expresarlo la columna de opinión del historiador Daniel Parodi en el portal web sudaca.com.

Parodi (con quien no simpatizo, pero reconozco tener un libro suyo en mi biblioteca) cree que la cantidad de artículos constitucionales que el Congreso ha reformado -y pretende continuar reformando-, en los hechos, ha creado una “nueva Constitución”, por la cual nadie votó en las elecciones generales de 2021. Un nuevo texto que no beneficia a nadie más que sus creadores en el Congreso, a quienes no les interesa la opinión ciudadana, porque “se cargaron” la voluntad popular libremente expresada en el Referéndum de 2018, la cual debía ser respetada, salvo que hubiera otro referéndum o un proceso constituyente.

Parodi desea un “momento constituyente” en Perú: una etapa que alumbre una Constitución consensuada y ampliamente aceptada. Sin embargo, como historiador debiera conocer que, excepto las constituciones de 1823, 1860 (en menor medida) y 1979, todos nuestros textos constitucionales fueron parte del proyecto político de un caudillo en el poder. No existe ningún motivo para creer que una nueva Constitución no lo sea.

Especialmente, porque el caudillo venidero ya tiene una excusa válida para “vendernos” la necesidad de una nueva Constitución.