Porky al fango

 

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hace el ridículo con su actitud de “chulo arrogante”.

No me refiero a la dificultad para cumplir promesas de la campaña electoral como las motocicletas para el patrullaje del Serenazgo o el subsidio a las ollas comunes en asentamientos humanos. Tampoco a esa inútil “playa artificial” construida dentro del Parque Zonal Huiracocha en San Juan de Lurigancho, que acabó convertida en lenocinio. No, habló de la necedad que raya en la obsesión de López Aliaga por “cargarse” la concesión vial del consorcio Rutas de Lima.

A inicios de año, en una obscena ceremonia, con López Aliaga presente, los regidores metropolitanos violaron la Constitución de 1993 al aprobar por unanimidad rescindir unilateralmente un contrato-ley: la concesión vial de Rutas de Lima, cuyo principal accionista es una empresa constructora de capital canadiense. Pudiendo acudir al Poder Judicial, Rutas de Lima aceptó la decisión, pero exigió el cumplimiento del contrato de concesión vial y se le compense por diez años de inversiones antes de entregar los peajes.

Según estimaciones independientes, la compensación equivale aproximadamente a cinco mil millones de soles y el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima alcanza los mil doscientos millones de soles. López Aliaga sabe que debía pagar (lo dijo públicamente), pero como él quería, erre con erre, terminar con lo que denomina “peajes corruptos”, decidió seguir el consejo de su equipo legal y recurrir a “tecnicismos jurídicos” para evitar pagar. Entonces en abril Rutas de Lima optó por un tribunal arbitral internacional y consiguió el mes pasado un fallo que “congela” todo el proceso hasta resolver las controversias. Como López Aliaga se niega a conversar con los representantes de Rutas de Lima, en los hechos, el fallo “anula” la decisión de los regidores metropolitanos.

López Aliaga, que venía contando públicamente los días para echar mano de los peajes, estuvo mudo al respecto el mes anterior. Al conocerse la noticia del fallo arbitral, volvió a insistir que él terminará con los “peajes de la corrupción”, los árbitros fueron “sobornados” y bla, bla, bla. Sin embargo, perdió y al hacer “rabieta”, López Aliaga mostró su peor rostro: no defiende la Constitución de 1993, no cree en una justicia independiente (en este caso, un tribunal arbitral internacional) que pueda resolver en su contra y, encima, lució como una autoridad tramposa que quiere recurrir a “triquiñuelas legales” para violar un contrato.

Lo lamento profundamente, porque quien escribe defendió siempre el derecho de López Aliaga a participar en política y ganar una elección. Creí él representaba una figura nueva y seria “de derecha”, pero me equivoqué. López Aliaga se ha mostrado como cualquier politicastro despreciable. Al margen de sus rabiosos seguidores en la red social Twitter, la Municipalidad Metropolitana de Lima será la “tumba política” de este demagogo.

Aún no hemos visto el final de toda esta historia, pero auguro que no concluirá bien para su principal protagonista: Rafael López Aliaga.